El

Gobierno de Canarias ha gastado este año 155 millones de euros en atender a los menores migrantes no acompañados que permanecen bajo tutela del Archipiélago. La cifra, desglosada este viernes por la

consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado

, en comisión parlamentaria,

incluye la gestión de más de 80 centros y dispositivos repartidos por las islas, así como los traslados de niños y adolescentes a distintos puntos de la Península. Son fondos que provienen de una mezcla de partidas propias y subvenciones estatales, y que forman parte de un presupuesto migratorio total de 190 millones para el ejercicio en curso.

La comparecencia llegó a raíz de una pregunta formulada por

Vox. En ese contexto, Delgado confirmó que

desde el Archipiélago han salido ya 719 menores hacia otras comunidades autónomas

, al amparo del

artículo 35 de la Ley de Extranjería

, reformada el pasado año para establecer un mecanismo de reparto obligatorio cuando una autonomía triplica su capacidad ordinaria de acogida.

Canarias

la sextuplicaba. El resultado de esas derivaciones empieza a notarse en los números, aunque de forma parcial, el índice de tutelados ha descendido de 4.389 a 3.337. La red de centros se está redimensionando en paralelo y algunos dispositivos han cerrado, algo que la propia consejera reconoció como consecuencia directa de esas salidas.

La presión sobre los recursos, con todo, dista de haberse normalizado. Delgado admitió que

la ocupación media ronda el 123%

, un dato que en sí mismo supone una sobrecarga evidente, aunque muy alejado del 160 o 170% que se registraba en los momentos más críticos de 2024.

El reproche de Vox

La consejera no esquivó el choque con la formación de derechas y le reprochó a Paula Jover el “discurso fácil de poner precio a un niño”. Delgado subrayó que estos menores se encuentran en una situación de “alta vulnerabilidad” y que Canarias, por “mandato legal”, no tiene margen para decidir si los atiende o no. La consejera también dejó claro que el Archipiélago no gestiona “mercancías ni balances de empresa privada”, y que pese al volumen del gasto, las Islas figuran entre las comunidades con menor coste por plaza del país.

A

Extremadura y Aragón

, gobernadas por el PP con apoyo de Vox, les exigió que cumplan la legislación vigente en materia de acogida de menores. Y fue más lejos al reclamar que el partido de

Santiago Abasca

l no contribuya a convertir a Canarias "en una

cárcel de Europa

" con la aplicación del

nuevo pacto de asilo europeo.