Kian Nasim es un estudiante de 14 años de origen iraní, aunque lleva más de la mitad de su vida viviendo en España junto a su familia. Descrito como un alumno “brillante”, accedió a un prestigioso programa educativo de la ONU, cuya última fase se celebra en su sede en Nueva York. Después de superar múltiples pruebas, entre la final y él solo se interponía un visado para entrar en EEUU. La Embajada y Consulado de EEUU en España y Andorra frustró este intento. “Nos dijeron que era por seguridad antiterrorista”, afirmó en la Cadena SER la madre de Nasim.

La explicación sobre por qué Nasim es considerado un potencial terrorista a ojos de EEUU hay que buscarla en dos proclamaciones presidenciales realizadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en 2025. Ambas fueron posibles gracias a los mecanismos de la Ley de Extranjería y Nacionalidad de EEUU, popularmente conocida como INA, que confieren al presidente del país plena autoridad para limitar la entrada al país de extranjeros.

Este mecanismo puede activarse si el mandatario alega razones de seguridad nacional artículo 212(f) de la ley, o la necesidad establecer nuevos requisitos burocráticos para entorpecer su entrada al territorio estadounidense artículo 215(b). Trump se basó en el primero de los argumentos cuando aprobó la proclama presidencial de junio de 2025, que prohibía la entrada a EEUU de ciudadanos de 13 países de Oriente Medio, África y del Sudeste asiático. Entre ellos se encontraban quienes portaran un pasaporte iraní, como Kian Nasim.

Desde junio de 2025, Trump impide la entrada al EEUU a ciudadanos de 13 países del mundo

El joven estudiante no fue el único al que EEUU impidió la visita a la sede de la ONU en Nueva York. Washington también prohibió la entrada al país de la delegación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que desde 1974 acude en calidad de observadora a las sesiones de la Asamblea General.

La retirada del visado a Mahmoud Abbas, líder de la OLP, y a otros 80 funcionarios palestinos, fue argumentada por Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, como una suerte de castigo por los supuestos intentos de los árabes de socavar los esfuerzos de paz y buscar “el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino”, informó BBC News. Actualmente, el 80% de los países de pleno derecho de la Asamblea General de la ONU reconocen al Estado de Palestina.

Rubio sí permitió la entrada de los miembros de la Misión Permanente de Palestina ante la ONU. El resto, incluido Mahmoud Abbas, intervinieron de forma telemática en las sesiones de la Asamblea celebrada en septiembre en Nueva York. En paralelo a aquella reunión, Donald Trump pergeñó el alto el fuego en la Franja de Gaza, alentado por la creciente presión internacional por poner fin a tres años de asedio brutal del enclave.

Según recogió la prensa estadounidense, los palestinos no tuvieron ni voz ni voto en el diseño de lo que posteriormente Trump presentó como “Plan de paz para Gaza”. Sí lo hicieron los israelíes, que también pudieron participar de forma presencial en la Asamblea General de la ONU.

Los países africanos como centros de deportación
Los argumentos sobre terrorismo y seguridad nacional estaban detrás de la proclama presidencial de Trump que, a partir de junio de 2025, vetó completamente la entrada a EEUU de ciudadanos iraníes, afganos, libaneses o somalíes. En el caso de quienes provenían de Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití o Yemen, los argumentos de la Casa Blanca para impedir su entrada al país oscilaban entre la elevada tasa de permanencia en EEUU tras el vencimiento del visado, o la dificultad para que los gobiernos de dichos países readmitan a sus nacionales expulsados de EEUU.

A la par que Trump veta la entrada al país de ciudadanos africanos, deporta al Congo a migrantes sin papeles de otras partes del mundo

La mayoría de estos países están gobernados por regímenes autoritarios, tal y como evidencia el índice de democracia elaborado en 2025 por The Economist y que desgrana El Orden Mundial. Algunos de ellos, además, sufren conflictos armados enquistados. Es el caso de Haití, Birmania o Chad. En Yemen, fue precisamente el Ejército de EEUU el que ahondó en esta violencia al atacar, a inicios de 2025, un ataque masivo contra este territorio, tal y como reconoció en su proclama el propio Donald Trump. La violencia, la falta de libertades y la miseria que esto crea en los territorios es la causa por la que muchos de sus habitantes deciden migrar y permanecer, aunque sea de forma irregular, en terceros países.

Paradójicamente, a la par que Trump impide la entrada al país de una parte importante de los ciudadanos del continente asiático y africano, su Administración ha llegado a acuerdos con varios países de África para deportar a estos territorios a los extranjeros sin papeles que detecta en su territorio. Para la Administración Trump, resulta irrelevante si estos no tienen ningún vínculo con el territorio al que son enviados.

Oficialmente, ya han aceptado Uganda, Ruanda, Esuatini (o Suazilandia) y Sudán del Sur. Además, EEUU estaría tanteando a los Gobiernos de Libia, Benín, Nigeria, Liberia, Senegal, Mauritania, Gabón y Guinea-Bissau, de acuerdo a una publicación de la BBC en la que se citan “reportes de prensa” y a The Wall Street Journal. A cambio de recibir a quienes la Administración Trump no desea en EEUU, Washington ofrece a estos países ayuda humanitaria, financiera o recortes en las sanciones que han interpuesto contra ellos.

El último en ceder en esta negociación ha sido la República Democrática del Congo, según reconoció su Gobierno en un comunicado publicado el 5 de abril. El texto también recogió que los gastos “logísticos y técnicos” de dicha operación correrían a cargo de EEUU.

La falta de transparencia de la Administración Trump en lo relativo a las deportaciones que ejecuta es manifiesta. La información que, a cuentagotas, publica la prensa internacional proviene de los Gobiernos africanos o de los países a los que pertenecen los deportados. A través de ellos, France 24 logró saber que los 15 extraditados a este país eran ciudadanos latinoamericanos.

¿Quién puede ser estadounidense?
Pocos días después de entrar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14161. Entre otras cuestiones, el texto trataba de limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, tal y como se recoge en la 14º enmienda de la Constitución estadounidense, a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”.

En su cruzada contra la migración, Trump interpretó que quedaban fuera de esta definición los niños cuyos progenitores se encontraran en situación irregular o que estuvieran visitando temporalmente el país. Ante esta nueva lectura, los jueces estadounidenses están divididos. Entre febrero y junio de 2025, varios tribunales federales paralizaron la orden ejecutiva de Trump al considerarla inconstitucional. El Gobierno apeló estas decisiones al Tribunal Supremo de EEUU.

En un giro de los acontecimientos, el mismo mes de junio, el Alto Tribunal anuló una de estas sentencias al considerar que no le corresponde anular leyes a nivel nacional. Pese a que no entró en el fondo del asunto es decir, sobre la constitucionalidad o no de la reforma propuesta por Trump, la Administración republicana interpretó el fallo como un triunfo. En diciembre de 2025, sin embargo, el Supremo acordó estudiar el fondo de la medida, que deberá quedar resuelta este año.

La oposición de jueces de extranjería a las políticas migratorias de Trump son un escollo para sus planes de pureza nacional. Por ello, la Administración Trump ha iniciado una caza de brujas contra aquellos magistrados que no le son favorables, tal y como informó recientemente Público. Pese a que la justicia estadounidense aún no ha dirimido si es o no anticonstitucional este cambio legislativo, las naturalizaciones han caído en picado. Según explicó El País, los intentos de lograr la nacionalidad estadounidense cayeron a la mitad entre 2024 y 2025.

Parte del debate que ha generado la orden ejecutiva de Trump se debe a que la medida trastoca una de las leyes más antiguas de EEUU, alrededor de la cuál se ha construido la identidad estadounidense. Pese a que todavía no se sabe si el republicano logrará la implementación de esta medida, la polémica ya ha reducido a la mitad las solicitudes de naturalización en el país.

Los estadounidenses nacen y se hacen desde el s. XVIII
El germen de EEUU está en las 13 colonias británicas fundadas a lo largo del siglo XVIII, que lograron la independencia de la metrópoli en 1783. Apenas unos años después, aquella alianza de estados se constituyó en la confederación que hoy conocemos como Estados Unidos. Desde entonces, gracias a la abundancia de recursos naturales y al trabajo esclavo, el país emprendió un desarrollo económico exponencial y llamó a la migración de aquellas “personas blancas libres” que quisieran prosperar en la “tierra de las oportunidades” y de la libertad.

Sus descendientes nacerían como estadounidenses en un país sin reyes, precursor de la democracia liberal y del republicanismo tal y como se entienden a día de hoy en los países del Norte Global. Así quedó plasmado en el Acta de Naturalización de 1790. Si bien inicialmente la norma excluía de este derecho a esclavos, ciudadanos de países asiáticos e indígenas, con el paso de los años fue ganando universalidad.

En 1868 se aprobó la 14º enmienda a la Constitución, que legalizó la nacionalidad por derecho de nacimiento. Gracias a esta medida, los esclavos y descendientes de esclavos liberados tras la abolición de 1865, fueron reconocidos como estadounidenses.

Un siglo después, esta tradición fue recogida en la Ley de Extranjería y Nacionalidad estadounidense, promulgada en 1952. Desde entonces, son muchos quienes se han acogido a esta ley. La lista incluye a personas tan variopintas como la niña nacida por vientre de alquiler en 2023, a petición de la actriz española Ana Obregón o el propio padre de Donald Trump, Fred Trump, nacido a principios del siglo XX en EEUU, pero cuyos padres eran alemanes.

Ahora, su descendiente, desea acabar con la norma que permitió a su clan establecerse en el territorio. También se acogieron a ella otros miembros del Gabinete de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio cuyos padres migraron de Cuba a EEUU o los padres de Lori Michelle Chavez-DeRemer, de ascendencia mexicana.

Emilia G. Morales

Redactora de Internacional con foco en Oriente Medio. Anteriormente trabajó en la sección de datos e investigación de ‘Público’. Especialista en Periodismo de Datos, Investigación y Visualización por la URJC y ‘El Mundo’, y en Comunicación y Problemas Socioculturales, por la URJC, ha participado en investigaciones periodísticas transnacionales como ‘Asbestos: Letal Legacy’ o ‘Exporting Abortion’, entre otras.