Victoria Columba (Argentina, 1967), también conocida como Vicky Canalla, es una de las voces visibles del Movimiento Regularización Ya, la plataforma que ha empujado hasta convertir en realidad el actual procedimiento extraordinario para la regularización de personas migrantes.

Habla de ello poniendo en valor el tiempo de trabajo. “Celebramos la medida pero debería haber llegado antes, han sido años de trabajo”. En concreto, seis años de reuniones, de presión política, de insistir cuando no estaban en el foco y de sostener la reivindicación desde los colectivos sin rendirse ni perder la esperanza.

La lucha comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando el movimiento envió una carta al Gobierno exigiendo “una regularización amplia, permanente y sin condiciones para las personas en situación administrativa irregular”. Había cerca de medio millón de personas que vivían en situación irregular y en condiciones especialmente vulnerables, sin acceso a derechos básicos en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

Los activistas no dejaron de alzar la voz por quienes seguían siendo invisibles para las administraciones y, en 2023, lograron recoger más de 700.000 firmas, que fueron presentadas en el Congreso en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Una reivindicación sostenida en el tiempo que ha sido clave para que finalmente se apruebe por real decreto. “Una victoria popular” del y para el colectivo migrante.

¿Por qué consideraban urgente la regularización?

Nuestra propuesta nace en el contexto de la pandemia porque sabíamos que, mientras mucha gente estaba en casa, había personas recogiendo fruta, vendiendo en la calle o trabajando en el hogar y los cuidados, muchas veces sin poder hacerlo porque eran señaladas como foco de contagio. Sin contrato y sin trabajar tampoco recibían ingresos. En ese contexto nos conformamos como movimiento y dimos luz a esta lucha por la regularización.

​Pusimos en el centro dos ideas: primero, la vida de las personas, frente a la mercantilización de la regularización; y segundo, la necesidad de una norma sin condiciones, sin padrón y sin contrato de trabajo, para cambiar el paradigma de las políticas migratorias.

Es importante destacar que esta regularización es un logro de vuestro movimiento

Sí, no es una medalla que pueda atribuirse el Gobierno ni las grandes entidades que ahora participan en la gestión. Es el resultado de un trabajo colectivo, la recogida de cientos de miles de firmas y la incidencia política sostenida durante años. Ha sido un proceso impulsado por comunidades migrantes autoorganizadas y por entidades aliadas que han estado desde el principio. En cambio, otros actores, como algunos sindicatos mayoritarios, no han estado a la altura y han cerrado espacios de diálogo, han quedado fuera del proceso o incluso están cobrando por trámites.
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​Por todo esto, no se puede presentar como una victoria del Gobierno. Pero sí es un avance que fortalece la democracia y que, en cierta medida, obliga a un Gobierno que durante años dio la espalda a estas demandas a dar una respuesta.

Esta regularización es el resultado de un trabajo colectivo

Desde la plataforma han mantenido reuniones y negociaciones para la redacción del texto. ¿Ha cumplido vuestras expectativas la norma final? ¿Qué colectivos se pueden quedar fuera, como por ejemplo los apátridas saharauis?

Esta medida llega tarde, con prisas y va a dejar fuera a muchas personas, no solo a los apátridas. Excluye a personas que no pueden pagar los trámites o los antecedentes penales en origen, que cuestan entre 190 y 250 euros. También aquellos que estén en una situación de calle, muy extendida entre personas migrantes que no han podido acceder a vivienda ni a políticas públicas en los últimos seis años. Aun así, es importante que las personas migrantes hayamos estado en esta negociación y en la redacción del texto, es un hito histórico con seis años de trabajo detrás.
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​Consideramos que ha sido también un blindaje frente al Consejo de Estado, porque quienes legislan en España y en Europa están muy lejos de la realidad de las personas. Para ellos puede ser solo un simple papel, pero para muchos supone pasar el día entero trabajando o incluso durmiendo en la calle para conseguir un documento.
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​Las administraciones no han estado a la altura porque los Ayuntamientos dicen no tener instrucciones, pero luego, para otras cuestiones como la retirada de custodia de menores, las trabajadoras sociales sí actúan con rapidez. Sin embargo, para emitir un certificado de vulnerabilidad parece algo complicadísimo.

Se ha puesto todo el peso en pequeñas entidades, muchas de ellas formadas por personas migrantes. Ni Cruz Roja ni Cáritas a nivel estatal se han dado de alta para tramitar estos certificados, aunque sí reciben financiación pública y gestionan servicios, y esto ha sobrecargado a las entidades pequeñas en todas las ciudades.

No les importa que haya gente durmiendo en la calle o haciendo colas para un simple certificado. Sin papeles estas personas trabajan en economía sumergida, sin derechos, en condiciones precarias. Esa explotación existe porque hay empleadores que se benefician de esa situación, muchas veces sin percibirse a sí mismos como parte del problema. La regularización es una vía para salir de esa situación, para acceder a derechos básicos.​
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​Aun así, tener papeles no garantiza automáticamente condiciones dignas, porque muchas personas migrantes siguen concentrándose en trabajos precarizados que el mercado laboral asigna a quienes están en posiciones más vulnerables. Frente al discurso de que “quitan el trabajo”, la realidad es que son empleos que, en muchos casos, la población local no quiere asumir en esas condiciones.

Una manifestación de la plataforma Regularización Ya
Una manifestación de la plataforma Regularización YaCedida
No quiero caer en un discurso utilitarista, pero además los estudios muestran que esta regularización puede tener efectos positivos en la economía al reducir la economía sumergida y aumentar la recaudación fiscal

La regularización es un motor económico y de crecimiento, aunque para nosotras llega tarde y mal. Hay muchas mujeres que hoy tienen 68 años y siguen trabajando en cuidados, levantando personas dependientes, y no van a poder jubilarse porque no han cotizado lo suficiente.
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​Ahora se dice que van a contribuir al crecimiento económico, si es que las contratan. Pero estas personas ya llevan años contribuyendo, a través de impuestos indirectos como el IVA, al sostenimiento de la sanidad, la educación y otros servicios públicos. Porque el IVA lo pagan igual, tengan papeles o no. Entonces, cuando se dice que “van a usar los recursos”, habría que mirar primero cuánto han aportado ya.
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​Para nosotras, esta regularización es una puerta de acceso a derechos básicos. Pero mantenerlos va a requerir lucha, porque no será automático. Muchos empleadores tendrán que asumir que quien hasta ayer trabajaba en condiciones de sobreexplotación ahora tiene derechos laborales y ahí veremos cuál es realmente su responsabilidad. También habrá que ver el papel de las empresas y de los sindicatos. Porque ahora mismo hay empresarios que ven esto como una oportunidad para disponer de más mano de obra. A ver qué hacen los sindicatos mayoritarios, que llevan años sin convocar una huelga general pese a los recortes acumulados.

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¿Consideran una traba el requisito, en algunos casos, del certificado de vulnerabilidad, que solo expiden Ayuntamientos y entidades colaboradoras?

Sí. Cuando hablábamos con el Ministerio de Inclusión, ya advertimos de que el certificado de vulnerabilidad iba a ser un problema, porque es una traba administrativa y no había preparación suficiente. Ya lo habíamos visto en situaciones anteriores y lo planteamos directamente en reuniones con la ministra y la Secretaría de Estado de Migración.

Lo que está pasando ahora era previsible: colas de personas en consulados primero, luego en Ayuntamientos, después en entidades, y próximamente en oficinas de correos. Es la imagen perfecta para que la ultraderecha construya su relato, pero lo más peligroso es quién genera las condiciones para que esa narrativa se consolide y deshumanizar a estas personas.

Además, el proceso de aprobación ha sido muy lento. El Consejo de Estado tardó un mes en resolver, cuando tenía un plazo de 15 días hábiles. Y cuando finalmente se consigue avanzar, la respuesta de la Administración no está a la altura.

En lugar de activar todos los recursos, abrir espacios y facilitar los trámites, se repite un modelo lleno de obstáculos que si lo comparamos con otros casos el contraste es evidente. Con Ucrania, por ejemplo, se habilitaron espacios como la Fira de Barcelona y en 24 o 48 horas las personas tenían ya toda la documentación. La pregunta es clara: ¿por qué no se hace lo mismo ahora? Por racismo institucional.

José Luis Martínez -Almeida Almeida ha llegado a asegurar que su Ayuntamiento “no va a colaborar” con el proceso de regularización

Eso del PP lo esperábamos. Lo que no esperábamos es que Ayuntamientos progresistas y del PSOE actúen igual. También preveíamos que Cáritas pudiera alinearse con el PP en lugar de influir en sentido contrario.
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​Mientras celebran eventos como Sant Jordi, hay personas esperando certificados básicos. Eso es hipocresía. Después de congresos y discursos progresistas, la realidad es que no se están emitiendo estos informes. Las entidades pequeñas están desbordadas, hay presencia policial y situaciones que la ultraderecha aprovecha para su discurso y sus bulos. Me imagino que donde gobierne la derecha la situación sea aún más complicada. Y aun así, las grandes organizaciones como Cáritas y Cruz Roja no han abierto sus recursos para apoyar.

No esperábamos que los Ayuntamientos progresistas actuasen igual que los del PP

¿Por qué cree que estas organizaciones no se han presentado como entidades colaboradoras?

Cruz Roja es la misma que da una manta en Canarias cuando las personas llegan y que después las mantiene en condiciones muy precarias en centros de menores. También es la que tiene a familias en espacios que funcionan como cárceles, aunque se presenten como centros de acogida, mientras recibe financiación pública de los Ayuntamientos.
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​A nosotras nunca nos permitió recoger firmas en sus espacios durante la ILP de Regularización Ya. Ahora se está poniendo a la altura de los Ayuntamientos de derechas, limitándose a dar información y derivar a entidades pequeñas, eso es una falta de responsabilidad.
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​Dicho esto, el poder lo tienen los Ayuntamientos, por eso digo que no me sorprenden esas declaraciones de Almeida, pero sí que, tras pasar una semana de la aprobación, Collboni aún no había dado instrucciones claras a sus trabajadoras sociales en Barcelona. Porque luego, para una retirada de custodia, en dos minutos intervienen, especialmente cuando se trata de una madre en situación precaria. Así que, o se refuerzan los servicios sociales o se reconoce que no están cumpliendo su función.

​Yo estuve en reuniones hace más de dos meses donde la Dirección General de Gestión Migratoria decía que iba a dar una formación. ¿A quién formaron? A abogados que luego han cobrado por leer borradores a personas migrantes y prometerles que les harían todos los trámites. Esos mismos abogados son quienes están derivando a la gente a las pequeñas entidades para obtener certificados de vulnerabilidad.
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¿Cree que el PP está asumiendo la agenda de Vox en materia migratoria, especialmente tras el pacto en Extremadura?

Pero esto viene de antes. Por eso la ILP no salió adelante en el Congreso y terminó en un real decreto. Hubo mucho apoyo inicial, también por parte de Cáritas, pero eso solo sirvió para la toma en consideración porque después empezaron a poner trabas.

Ahora mismo, por ejemplo, hay vuelos de deportación previstos, incluso de personas que podrían acogerse a esta regularización. Aquí hay que señalar al llamado Gobierno progresista, que por eso sorprende tanto su discurso a favor de los migrantes, porque no se sostiene con la realidad.

¿Qué es lo más urgente que debería cambiar en las políticas migratorias en España?

Cerrar los centros de internamiento de extranjeros. No puede ser que una persona acabe encerrada por una falta administrativa en un CIE, en un régimen que ni siquiera es penal, donde no tiene garantizados derechos básicos: ni defensa adecuada, ni atención sanitaria, ni visitas. ¿Qué tipo de sistema es ese?
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​Y ahora, además, con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, se está construyendo un macrocentro en Algeciras. No lo está impulsando la derecha, lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, no hace falta que llegue la “otra derecha” para aplicar estas políticas.
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​También el padrón, siempre ha sido un obstáculo, aunque en esta regularización en concreto no va a ser un requisito excluyente, pero sigue siendo clave para acceder a derechos y prestaciones. No puede ser algo opcional según el Ayuntamiento, si es una legislación estatal, debe cumplirse en todos los municipios y si no se cumple, debería haber sanciones. Si no las hay, lo que hay es impunidad.
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​Están completamente normalizadas, además, las redadas racistas y el perfilamiento racial. Sigue habiendo operativos policiales donde se detiene a personas en función de su apariencia, eso es racismo institucional y el brazo ejecutor de ese racismo es la Policía. Negar que exista racismo policial después de casos como los de Haitam Mejri o Brian Ríos, donde ha habido muertes y no se han depurado responsabilidades, es insostenible.

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¿Y cómo evalúa la gestión migratoria de la Unión Europea?

Las políticas de la UE están centradas en el control y la militarización de fronteras. Tratan a las personas migrantes como una amenaza, cuando en realidad muchas huyen de conflictos, explotación o situaciones generadas en parte por Europa.
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​Cuando llegan, se las encierra, se las expulsa y, con este nuevo pacto, incluso se contempla su detención hasta 24 meses sin garantías plenas de acceso al asilo.
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​Además, se están consolidando centros en terceros países, esto es algo que se formaliza ahora pero que llevan haciendo desde hace décadas con países como Mauritania, Mali o Senegal. Son políticas que establecen jerarquías entre personas, heredadas de dinámicas coloniales: ciudadanos de primera y de segunda.

Laura Anido

Periodista encargada de Derechos Sociales y Migraciones en ‘Público’. Graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también cursó un máster en Estudios Internacionales. Además, cuenta con un máster en Periodismo Internacional por la Universidad Rey Juan Carlos. Anteriormente formó parte de la redacción de ‘El Correo Gallego’.