Pagar por dormir entre ratas para trabajar sin estar en la Seguridad Social. Estas fueron las condiciones en las que intentaron sobrevivir un grupo de 45 inmigrantes irregulares que fueron reclutados como temporeros en la recogida de cebollas en la zona de Castillonroy (Huesca). La llegada de estas personas captó todas las miradas de este pequeño pueblo de poco más de 300 personas. Los dueños de la empresa, un matrimonio hispano-pakistaní, fueron detenidos por la Guardia Civil y se enfrentan a 12 años de prisión. ABC ha tenido acceso al sumario de este impactante caso que sacudió los cimientos de una localidad tranquila de la España Vaciada.

Fue en el mes de junio de 2024 cuando arrancó la investigación gracias al aviso que dieron los vecinos de esta localidad. Incluso, el alcalde aseguró a la Guardia Civil que, hace unos tres años, había llegado un grupo de medio centenar de inmigrantes que se ofrecían para trabajar en la recogida de la fruta a los agricultores. Uno de los residentes confesó a los agentes que un pakistaní se le presentó junto a su pareja sentimental, una mujer española, diciendo que gestionaban una ETT y ofreciendo estos servicios. Desconfió de su legalidad y declinó la oferta.

De forma paralela, los investigadores recogieron otros testimonios alarmantes sobre la situación en la que vivían estos migrantes. Convivían hacinados en una vivienda ruinosa que se encontraba embargada en proceso de subasta. Dormían en colchones sucios o con cartones en el suelo, tiraban la basura por la ventana, las tuberías estaban atascadas y convivían con ratas. El matrimonio de la casa de al lado es el que se encargaba de dirigirles. Precisamente, esta pareja era la que se encargaba de publicitar los servicios de estas personas.

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Nadie en el pueblo se atrevía a contratarlos debido a las condiciones en las que sabían que vivían. Los rumores de la comarca situaban en Lleida, el punto donde trabajaban, lejos de las miradas indiscretas que podían delatar su situación irregular en España. La Guardia Civil se desplazó hasta Castillonroy donde fotografió los movimientos de estas personas. El inmueble donde vivían estaba alquilado a nombre de la mujer española. Pagaba 900 euros al mes. Tenía en la puerta de este edificio un coche de alta gama que también figuraba entre sus propiedades.

El modus operandi fue también revelado por los investigadores. Tenían varias furgonetas que servían para el desplazamiento de los temporeros, que trabajaban de sol a sol en el campo. En un primer informe, el Instituto Armado expuso que este matrimonio, que tenía su lugar de residencia en Valencia, conformaron dos empresas, una de ellas de trabajo temporal que daba servicio de trabajadores temporeros. Tenían dados de alta en la Seguridad Social a 36 personas pero los empleados que trasladaban al campo en muchas ocasiones estaban de forma irregular en nuestro país. Además, contaban con subordinados que amenazaban a los migrantes díscolos a los que incluso les daban palizas. Algunos de ellos habían solicitado antes de ser ‘captados’ la condición de refugiados por huir de zonas en conflicto.

Imagen principal – Más imágenes del lugar donde habitaban los inmigrantes
Imagen secundaria 1 – Más imágenes del lugar donde habitaban los inmigrantes
Imagen secundaria 2 – Más imágenes del lugar donde habitaban los inmigrantes
Más imágenes del lugar donde habitaban los inmigrantes. (ABC)
Con estos datos, los agentes decidieron actuar y desarrollar la denominada operación Preseco para acabar con esta explotación laboral. Fueron detenidas media decena de personas y liberaron a 45 migrantes procedentes de Pakistán, India y Senegal. A pesar de las dificultades, consiguieron recabar sus historias que comenzaban en puntos lejanos del planeta. Algunos de ellos eran unos nómadas que habían pasado años en las calles de otras ciudades europeas. El matrimonio llegó a entrar en prisión provisional por estos hechos.

Dos años después, la Fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación donde reclama 12 años de prisión para la pareja investigada y la expulsión del hombre. Una cantidad que choca con las defensas de los acusados que llevan de forma independiente Luis Ángel Marcén, Carmen Sánchez Herrero y José María Tena Franco. El Ministerio Público sostiene que el matrimonio lideraba la organización y «no formalizaban contrato laboral alguno con los inmigrantes ni les informaban de las condiciones laborales básicas tales como salario u horario».

Las indemnizaciones a las víctimas
«De esta manera, los trabajadores inmigrantes desconocían en qué fincas agrícolas iban a trabajar, las horas, su retribución, qué día se lo pagarían, el precio del alojamiento y transporte. Además, los acusados, en el momento del pago del salario les descontaban el coste del alojamiento y del transporte, no pudiendo, por tanto los trabajadores inmigrantes calcular y conocer con certeza, si lo recibido se correspondía a las horas trabajadas; viéndose, no obstante, obligados a aceptar por razones de subsistencia», añade el escrito, al que ha tenido acceso ABC.

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Uno de los acusados realizaba la captación de los inmigrantes en distintas localidades como Lérida o Valencia y organizaba sus traslados a la localidad de Castillonroy. Allí el matrimonio establecía el alojamiento, control y pago de los salarios. «El alojamiento que los acusados les proporcionaban era domicilios en estado de ruina que no reunían condiciones adecuadas de salubridad y habitabilidad (dormían hacinados, en colchones en el suelo, sin intimidad, con instalaciones de agua y electricidad muy precarias, sucias, con plagas de ratas…)», señala la Fiscalía.

A tenor de las diligencias, se les acusa de 46 delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral perteneciendo a organización o asociación dedicada a tales actividades. También se proponen diferentes indemnizaciones a las víctimas en función de los días que trabajaron en los campos. Van desde los 1.134 euros por 30 días hasta los 37,8 euros por tan solo una jornada.