El sistema de ayudas sociales vasco reduce su capacidad protectora por el alza de la pobreza

La inflación y la carestía de la vivienda son las principales razones por las que las prestaciones como la RGI llegan al 63% de los necesitados, frente al 75% de 2022

Diario Vasco, Macarena Tejada, 24-04-2026

El sistema de ayudas sociales vasco ha reducido su capacidad protectora por el alza de la pobreza. El número de personas con necesidades reales ha … crecido un 27% en Euskadi. O, lo que es lo mismo, la cifra de potenciales beneficiarios del sistema de prestaciones, que incluye la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las Ayudas de Emergencia Social (AES) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), ha pasado de unos 160.000 a más de 203.000 en dos años. Sin embargo, estas prestaciones apenas han sumado 9.000 beneficiarios en este periodo, un aumento del 7%. Los datos parecen claros. Las necesidades crecen más rápido que la capacidad de darles respuesta. En otras palabras, el sistema de prestaciones no logra en estos momentos absorber el crecimiento de las necesidades de la población, según se concluye de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) del Gobierno Vasco, con datos de 2024.

La inflación y la carestía de la vivienda son los principales motivos que explican que las prestaciones sociales, con la RGI a la cabeza, lleguen al 63% de los necesitados y no al 75%, como ocurría en 2022. Así, el aumento de los potenciales perceptores de estas ayudas no solo tiene que ver con una bajada de ingresos, sino que han incrementado lo que la EPDS llama pobreza de acumulación y que se relaciona con la carencia material. Es decir, «ha crecido mucho el número de personas que no tienen ahorros, que no tienen los equipamientos domésticos necesarios, que tienen un patrimonio muy bajo o que tienen problemas para comprar comida, pagar facturas y poner la calefacción», explica el director del Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), Joseba Zalakain.

La inmigración es otro de los factores que ha tenido un impacto directo en el alza de la pobreza en Euskadi debido a que «en la medida en que la composición de la sociedad cambia, gana peso un grupo con mayor riesgo de pobreza, pero ese es un cambio a largo plazo», matiza el director del SIIS. Entre 2022 y 2024 el incremento de extranjeros ha sido similar en Euskadi y en el resto del Estado, «pero parece que la población con necesidades ha crecido más en el País Vasco».

Pese a la reforma de la RGI y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), las estadísticas recogen que una parte creciente de la gente que tiene derecho a la Renta de Garantía de Ingresos o que está en situación de necesidad económica no accede al sistema. Algunos probablemente no conozcan que tienen derecho a estas ayudas o no sepan cómo solicitarlas, mientras que otros no cumplirán con los requisitos.

Sea como fuere, el informe analizado también indica que «entre la población más pobre, el 20% que tiene menos ingresos, se ha producido una pérdida de ingresos mucho más elevada que entre el conjunto de la población». Mientras que los que tienen más dificultades económicas han tenido una reducción de ganancias del 10%, el resto ha percibido una pequeña mejora del poder adquisitivo de un 1,5%. Con estos datos sobre la mesa, Zalakain matiza que «el sistema vuelve a funcionar razonablemente bien para el 80% de la población, que al menos no pierde poder adquisitivo, pero mal para el 20% más pobre».

Pese a los avances en materia de protección social en Euskadi, se queda fuera del sistema un porcentaje mayor de personas que lo necesitan. Además, tampoco ha mejorado el porcentaje de perceptores que, una vez que acceden a la RGI, dejan de ser pobres. Esto indica que «las cuantías de la RGI, al menos para algunos colectivos, pueden ser insuficientes. Apenas la mitad de la gente que percibe estas ayudas sale de la pobreza gracias a ellas, aunque su situación económica mejora».

Precisamente, uno de los objetivos de la nueva RGI, aprobada en abril de 2023, era dar ayuda a todas las personas vulnerables que lo necesitaran, como familias con menores, inmigrantes y víctimas de diferentes violencias. Para ello se flexibilizaron requisitos de acceso, se convirtió la ayuda en indefinida y se ampliaron las cuantías, hasta un máximo de 1.720 euros mensuales para ciertas unidades de convivencia.

Si hay un colectivo donde crece la pobreza en Euskadi ese es, en cualquier caso, el de las familias con hijos pequeños. Si bien el País Vasco es la comunidad con la tasa de pobreza infantil más baja, los problemas económicos han aumentado en este grupo en los últimos años. Es más, «el 70% del incremento de la pobreza real se debe al alza de la pobreza en las familias con menores a cargo». Es tal el crecimiento registrado que «el porcentaje de niños con problemas para poder comprar fruta o verdura, o celebrar ocasiones especiales se ha multiplicado por tres en dos años», pasando del 5,8% en 2022 al 16% en 2024.

En este caso, las causas se deben al «empleo más precario, mayores gastos de vivienda y más peso de la población migrante», entre otros. Pero no solo eso. Aquí también tiene que ver, según Zalakain, «la insuficiencia del modelo de prestaciones para familias con hijos. Aunque se han dado pasos importantes, como la creación de la ayuda universal o el complemento de infancia del IMV, sigue siendo insuficiente y urge remodelar el sistema con una visión integral, que tenga en cuenta el conjunto de las ayudas».

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