Isabel Díaz Ayuso volvió a mostrar este jueves su rechazo total al principio de «prioridad nacional» en las ayudas y subvenciones públicas que el … PP ha pactado con Vox, en Aragón y en Extremadura para que Jorge Azcón y María Guardiola puedan gobernar y que ella y su partido rechazan cada jueves en la Asamblea de Madrid. Un criterio con el que el partido de Santiago Abascal busca que «Bea y Fran tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda y que no la tenga Mohamed», como explicó la semana pasada su portavoz en esta Cámara, Isabel Pérez Moñino, y contra el que la presidenta regional se revuelve porque considera que no se puede dejar a nadie «ilegalmente» fuera de requisitos para los que «tiene derechos». «Nadie deja atrás a ningún español», defendió durante el pleno de la Asamblea.

Ayuso se enfrentaba así a Pérez Moñino, que se valió de los recientes pactos autonómicos suscritos entre su partido y el PP para instar a la mandataria madrileña a llevarlos ante la Justicia si como ha denunciado considera «ilegal» ese precepto. «Lo legal es defender a los nuestros; lo que debería ser ilegal –remarcó la diputada voxista– es no priorizar a los españoles». La presidenta acusó a los de Abascal de «mentir» porque en su comunidad, dijo, eso no sucede.

Para argumentarlo, recordó que el Ejecutivo regional ya exige unos «mínimos de empadronamiento» para acceder a ayudas sociales vinculadas a la vivienda, el empleo o la maternidad, pero garantizó que existen ayudas «ilimitadas» para las madres y que en ningún caso van a «negar la cobertura sanitaria absolutamente a nadie» ante el intento de Vox de imponer el concepto en la sanidad para que los inmigrantes dejen de ser atendidos en igualdad de condiciones con los españoles.

Ayuso trató de reconducir la discusión hacia el criterio de «el arraigo», en línea con la dirección nacional del PP, dejando claro que la prioridad no tiene que ver con el lugar donde ha nacido la persona, sino el tiempo que lleve empadronado en el territorio en concreto. «No es lo mismo llevar cuatro meses que 15 años residiendo en Madrid», defendió.

Para Vox, el rechazo de política madrileña a esta medida migratoria y social no responde a una verdadera «convicción jurídica», sino a la constante búsqueda de protagonismo y de titulares en los medios. «En Madrid defendemos el orden, estamos en contra de los guetos, de la imposición cultural ajena pero sí estamos a favor de la integración. Esta es la Comunidad de Madrid y es lo que hemos aplicado siempre: la racionalidad frente a la irracionalidad», zanjó.

Ayuso, junto con Juanma Moreno, son dos de los dirigentes del PP que han criticado abiertamente el mecanismo introducido por la derecha radical en los pactos autonómicos con su partido y que Abascal exigirá a Alberto Núñez Feijóo si finalmente le necesita para llegar a la Moncloa. Un intento, a ojos del candidato del PP a la Junta de Andalucía, de «levantar polvareda» para buscar una «confrontación» que beneficie su «proyección pública y electoral». «Forma parte de ese ambiente y de esa forma que tiene Vox de hacer campaña», resumió Moreno el miércoles.

En la cúpula nacional del PP admiten que la inclusión del principio de «prioridad nacional» en los acuerdos autonómicos en el acceso a ayudas, prestaciones sociales o vivienda fue una «cesión semántica» a Vox, que el partido de Abascal ha amplificado en busca de capitalizar voto a las puertas de las andaluzas. Insisten en que no permitirían que se «discriminase a ningún ciudadano de nuestro país» por su procedencia y que no se va a hacer nada que «no esté recogido en la Constitución ni en la ley».

Según la Ley Orgánica 4/2000, los extranjeros residentes en España «tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles». Para atender a las exigencias de Vox de «los españoles primero» sería necesario modificar la norma, una opción que en el entorno de Feijóo evitan valorar por el momento.