Sobre el proceso de regularización migratoria en España caben varia reflexiones. A saber: dada su elevada importancia, se debería haber hecho de forma consensuada, no solo con todas las fuerzas políticas del Estado, sino también cumpliendo las directrices dadas por la UE en esta cuestión. Al tratarse de una ley que afecta a derechos fundamentales, como el acceso a la salud, educación y trabajo, se debió promulgar mediante una ley orgánica y no por un simple real decreto, dado que una medida de este calado no se puede establecer deprisa y corriendo, sin sopesar debidamente todas las consecuencia que pueda acarrear en el futuro, o por propio interés electoralista. Porque una cosa es regularizar la situación a quienes ya se han establecido e integrado debidamente en España, y otra muy distinta, hacerlo por el simple hecho de haber permanecido aquí, trabajando o no, durante un tiempo determinado. Sin descartar el efecto llamada que esta medida pueda provocar en muchos inmigrantes que lleguen con el único propósito de beneficiarse de todo tipo de servicios y subsidios, sin ningún compromiso de integrarse en la idiosincrasia nacional. A este respecto, y dado el desajuste económico que este proceso producirá, hay que analizar la siguiente paradoja: ante la baja cotización de los sueldos, los jóvenes mejor preparados dejan el país, y en paralelo se favorece la entrada de inmigrantes sin el debido control, con el problema de inseguridad que dicho proceder puede acarrear en el futuro. Pontevedra.