Que exista y se acepte como algo natural el que, con carácter general, haya «prioridad nacional», entendida como referida a los nacionales frente a los extranjeros, parece una norma de un elemental sentido común. Otra cosa es que toda norma tiene necesidad de su interpretación y aplicación judicial y de sus excepciones, como es lógico. Como así está recogido también jurídicamente en nuestro ordenamiento y socialmente asumido con naturalidad. Por ello es necesario aplicar ese principio relativo a la «prioridad nacional» a cada supuesto concreto en que se vea afectado. Dado que con carácter universal no procedería su eventual aplicación, es obligada su concreción casuística, ya que, por ejemplo, no es lo mismo esa «prioridad» en «igualdad de condiciones» que en otras circunstancias. La Constitución española en su artículo 14 establece que «los ESPAÑOLES son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Que nuestra Carta Magna haga referencia específicamente a los españoles –y no a todos los ciudadanos que se encuentren «legalmente» en España– está en el origen de la polémica causada por su inclusión en el pacto de coalición firmado entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura. Conforme a lo que expresaron los extremeños en las urnas hace ya 4 meses. En 1978, los constituyentes no consideraron necesario establecer esa precisión, distinguiendo entre nacionales y extranjeros, pero los años transcurridos y determinadas políticas parecen hacerlo necesario. En la actualidad, y con una política de regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal en España, esa precisión se hace necesaria sin duda, dado que el «efecto llamada» para las mafias criminales se intensifica de manera excepcional. No es ninguna utopía, por desgracia, imaginar una situación de España en la que nuestra identidad nacional e histórica esté en gran medida diluida. Por la acción combinada de los nacionalismos separatistas en su interior y esta política migratoria de «Brazos Abiertos» promovida por Soros con su «Open Arms» y aplicada «a la carta» por el sanchismo. Considerar la inmigración como algo imprescindible para hacer posible nuestro desarrollo económico y social pone de manifiesto la evidente necesidad de una adecuada política nacional de apoyo a la natalidad autóctona. Que está muy por debajo de la propia de la inmigración, e incluso de la tasa de reposición o reemplazo generacional que se estima en 2,1 hijos por mujer. La influencia en ello de las fundaciones de Alex Soros y Bill Gates queda plasmada en numerosas evidencias, de las que la más reciente es la presencia de Soros en Barcelona apoyando a Sánchez en la cumbre «progresista».