En su cruzada contra la inmigración ilegal, Vox ha importado de Estados Unidos el concepto de “prioridad nacional”. Que viene a decir: “Los españoles primero”. Traducción al castellano del

“America First”

, que encumbró al ahora alicaído

Donald Trump

, enfrascado en su guerra con Irán y asediado por los disidentes del movimiento “Make América Great Again”, a los que la galopante inflación les ha borrado las siglas de la gorra.

Para justificar su regreso a los gobiernos autonómicos después de semejante golpe de mano en verano de 2024, el partido de

Santiago Abascal,

en el pacto de Extremadura

, le ha arrancado al PP una declaración de intenciones: que, a partir de ahora, las ayudas sociales estarán inspiradas en el principio de “prioridad nacional”. Lo que pretende dar a entender que un español de pata negra tendrá acceso la sanidad, o a la vivienda protegida, antes que un inmigrante.

La realidad que viene escrita sobre el papel, sin embargo, no dice tal cosa. Antes que nada conviene zanjar un debate ontológico: un marroquí, o danés, o alemán, que llega a España, firma un contrato de trabajo, se empadrona en una ciudad, legaliza su residencia y, al cabo de los años, consigue la nacionalidad, automáticamente se convierte en un español más. Como tú, como yo, como ese o como aquel. Por lo que su acceso a las ayudas que presta el Estado – según los términos del acuerdo extremeño – será tan legítimo como el de un español de octava generación.

A partir de ahí, vayamos con la literalidad del pacto extremeño que,

como publica hoy LA RAZÓN

, será la misma que figurará en los sucesivos pactos de Aragón y Castilla y León. Porque, a pesar de la controversia, el PP no piensa dar marcha atrás.

Para empezar, el texto dice lo siguiente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas” priorizará a los que “mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. La tesis de Vox es que, por una cuestión lógica, no tiene que preocuparse por el arraigo un español, sino un inmigrante. Lo que no explica Vox es que si un inmigrante con los papeles en regla cumple con los requisitos tendrá la misma prioridad que el español en el acceso a

“todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

La vivienda: el detalle

Para seguir, hay un detalle no menor. El documento programático alude al concepto legal (que no retórico) del arraigo en sucesivos apartados, pero lo aterriza en uno muy concreto:

“Un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social

inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Acto seguido, el matiz: para conceder una vivienda de protección oficial el criterio a tener en cuenta es el empadronamiento. Ergo: un marroquí, danés, o alemán que tenga su residencia legal en España y lleve diez años (tiempo requerido) empadronado en Plasencia tendrá preferencia para acceder a una vivienda protección oficial frente a un madrileño que se acaba de mudar.

Como viene publicando este periódico en los últimos días,

el arraigo no representa una novedad

en las prestaciones sociales de nuestro país. Sin ir más lejos, un inmigrante legal necesita acreditar un mínimo de un año de residencia en España para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital. O diez, para las pensiones no contributivas.

Con la inclusión de la “prioridad nacional” en el primer acuerdo con el PP, lo que hace Vox es fijar un marco de combate ideológico contra la inmigración, situar sus prioridades y abrazar una figura retórica para su campaña política. A pesar de que el eslogan poco se compadece con la realidad. Para poder llevar a cabo una verdadera discriminación entre inmigrantes y españoles de origen, habría que acometer reformas de calado: en la Ley de Extranjería y en la Constitución. Ahí es nada.