El rechazo de la Comunidad de Madrid al decreto de regularización de inmigrantes empieza su andadura en los tribunales. De hecho, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que presentó contra el Real Decreto del Gobierno central que autoriza el proceso.

De ello ha dado cuenta el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso dicho recurso en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del Real Decreto.

Según García Martín, este decreto se presento basándose en varios argumentos: " afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa de la UE y afecta a la Seguridad Nacional", ha detallado.

La Comunidad de Madrid cree que la política migratoria de Pedro Sánchez es la del “caos”, y critica un proceso en el que sólo sea necesario acreditar cinco meses de estancia en España para demostrar arraigo, que personas con antecedentes penales cancelables, en prisión provisional o con antecedentes puedan regularizar su situación, entre otras medidas. García Martín también ha puesto foco en el hecho de que la regularización esté “colapsando los servicios públicos”.