La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ha servido de catalizador para que la Generalitat de Cataluña acelere y profundice en su agenda lingüística. Bajo el liderazgo de Salvador Illa, el ejecutivo catalán ha dejado claro que el proceso de integración pasa, de forma ineludible, por el conocimiento del catalán, una condición que, si bien no será exigible en la primera fase de regularización, sí lo será en la renovación de los permisos de residencia.

En este sentido, Illa se ha declarado «radicalmente a favor» de la regularización, pero introdujo un matiz significativo: el arraigo deberá demostrarse con hechos. Y entre esos hechos, el aprendizaje de la lengua propia de Cataluña ocupa un lugar central. No se trata únicamente de una herramienta práctica para desenvolverse en la vida cotidiana, según el Govern catalán, sino también de un elemento simbólico vinculado a la convivencia y al respeto y reconocimiento hacia la identidad lingüística de la comunidad.

Más cursos de catalán

En paralelo, la Generalitat ha puesto en marcha un ambicioso refuerzo de los recursos públicos destinados a la enseñanza del catalán. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, anunciaba el lunes la creación de 50.000 nuevas plazas para cursos en el periodo 2026 – 2027, lo que supondrá un incremento del 50% hasta alcanzar las 150.000. El objetivo es absorber el previsible aumento de demanda derivado de la regularización y facilitar que quienes deseen renovar su permiso puedan acreditar los niveles básicos exigidos.

Este esfuerzo se concentrará especialmente en los niveles iniciales —A1 y A2—, considerados imprescindibles para cumplir con los requisitos administrativos. Las plazas se articularán a través del Consorcio para la Normalización Lingüística, las escuelas de adultos y programas de colaboración con ayuntamientos, especialmente en municipios pequeños. Pero el plan no se limita al ámbito público: el Govern también ha lanzado un mensaje directo al tejido empresarial, al que reclama implicación en la acogida lingüística como parte de su «responsabilidad social».

El PSC, con el discurso de ERC

En este contexto, no puede obviarse que el actual Govern del PSC ha ido asumiendo, desde la llegada de Salvador Illa a la presidencia en agosto de 2024, buena parte del marco discursivo que durante años han defendido tanto ERC como Junts en materia lingüística. Lejos de marcar distancias, el ejecutivo socialista ha optado por reforzar el papel del catalán como eje estructural de sus políticas públicas, incrementando los recursos destinados a su promoción y situándolo en el centro.

Las decisiones adoptadas apuntan en esa dirección. Por un lado, la creación de una Conselleria específica de Política Lingüística y el nombramiento de Francesc Xavier Vila —procedente además del equipo de Pere Aragonès— evidencian una clara continuidad con la etapa anterior. Por otro, el impulso del Pacte Nacional per la Llengua confirma la voluntad de consolidar una estrategia de largo recorrido en defensa del catalán. En suma, más allá del cambio de siglas en el Palau de la Generalitat, la política lingüística mantiene una línea de fondo que refuerza el protagonismo de la lengua.