Una mayoría aplastante de los periodistas es de izquierdas, sea cual sea la línea editorial del medio, cuyas ideas descalifica la información. Por ejemplo, si se critica la Narkomintern de Barcelona por “populista”, que no sé lo que es, y la información dice que Boric es “progresista” y Kast “ultraderechista”, no “comunista” y “católico conservador”, que se ajusta más a lo que son, la Narkomintern gana la batalla de la propaganda. El blanqueamiento de las dictaduras comunistas se hace mediante adjetivos. La columna de opinión poco puede frente al sesgo ideológico de un titular.

Los aspavientos ante la “prioridad nacional” defendida por Vox en sus pactos con el PP muestran la lejanía de la realidad de muchos medios. Cada día vemos imponerse en todos los ámbitos la prioridad antinacional, desde los fueros fiscales vascos y navarros al privilegio fiscal de Cataluña, cuyo fin último es destruir la ciudadanía española y la igualdad ante la Ley. Lo mismo pasa con la prioridad contra el español, es decir, frente a los que quieren la enseñanza en español, y en el País Vasco y Cataluña no se permite. La prioridad de género marca las leyes y cuotas más podemitas, así como la prioridad de clase mediante la fiscalidad que llaman progresiva. Y para prioridad antinacional la de la Copa del Rey, en la que las hinchadas separatistas silban al himno nacional, insultan al Rey y gritan “español el que no bote”, sin que, ante estos alardes de odio el negreira de turno suspenda el partido, como haría ante cantos racistas. La Federación debería expulsar de la competición a los clubes que se ciscan en España y TVE debería echar a los muecines deportivos que proclaman “libertad de expresión” insultar a España, e “intolerable” el “musulmán el que no bote”.

Los que a diario tragan la prioridad antinacional sin escandalizarse demasiado, y muchas veces defendiéndola, dirán que no se debe equilibrar una prioridad con otra, que no debe existir ninguna. Pero ya existen. Un anciano de Badajoz le paga a un bigardo argelino una paga mayor que su pensión. ¿Y nos parece normal? Si a la prioridad nacional le llamamos arraigo, antigüedad fiscal o ayuda a la población rural envejecida y marginada, todo será legal, ajustado a derecho y ética, política y cívicamente defendible. Mientras se legaliza extranjeros con cien antecedentes policiales porque no son antecedentes penales; y si lo son, tampoco se les expulsa, los periodistas zurdos y los políticos bobos fingen escandalizarse ante una posible desigualdad legal, que, además, es perfectamente remediable. ¿O lo que les molesta es el adjetivo nacional? Uno tiene esa impresión.