“Es incomprensible que se haya dejado fuera a la Policía Nacional de un proceso de extranjería de esta magnitud. La competencia es nuestra, existen una Comisaría General y brigadas especializadas en extranjería, y aun así el Gobierno ha decidido que sean oficinas de Correos y personal no policial quienes recepcionen y den por buenos documentos extranjeros

sin la formación, los medios ni el acceso a bases de datos necesarios para detectar falsificaciones o valorar riesgos reales para la seguridad pública", han señalado a LA RAZON fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP).

Lo más grave es que ese mismo personal va a decidir quién supone o no una amenaza, sin experiencia operativa, sin inteligencia policial y sin conocer antecedentes, vínculos o identidades dudosas. Han reforzado la ventanilla, no el filtro. Y eso abre una brecha de seguridad enorme, subrayan.

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Además, ahora sabemos que el Gobierno quiere facilitar la regularización incluso a inmigrantes en situación irregular que están en prisión provisional.

En España la prisión preventiva es excepcional: si un juez ha decidido mantener a alguien en la cárcel antes de juicio es porque aprecia riesgos graves. No parece razonable convertir en residente legal a una persona que ha entrado ilegalmente y que además está en prisión preventiva por la presunta comisión de un delito",destacan.