El presidente de Vox,

Santiago Abascal

, ha intensificado en las últimas horas su ofensiva contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno.

En un nuevo mensaje difundido en redes sociales, el líder de la formación volvió a denunciar el impacto del decreto y lanzó una advertencia directa al Ejecutivo, asegurando que “los responsables pagarán” por lo que considera un proceso que “desborda” la capacidad administrativa del Estado.

La reacción de Abascal llega en un contexto marcado por el aumento de trámites en consulados y oficinas consulares, donde se han registrado

largas colas y un incremento notable de solicitudes

desde la entrada en vigor del decreto.

Diversas administraciones han reconocido que la demanda se ha multiplicado, obligando a reforzar personal y reorganizar turnos para atender la avalancha de peticiones.

Vox sostiene que estas imágenes evidencian un “efecto llamada” y un “colapso institucional” provocado por la medida. Abascal ha insistido en que la regularización supone un riesgo para los servicios públicos y acusa al Gobierno de actuar de forma “irresponsable” al poner en marcha un proceso que, según su partido, carece de planificación suficiente.

Abascal endurece su discurso y advierte de que “los responsables pagarán” por el impacto del proceso de regularización

Desde el Ejecutivo, sin embargo, se defiende que el aumento de trámites es una consecuencia lógica de un procedimiento extraordinario que exige documentación específica y que busca

ordenar situaciones de irregularidad prolongada

, mejorar la recaudación y reducir la economía sumergida.

Fuentes gubernamentales subrayan que la regularización responde a criterios de arraigo, integración y necesidades laborales, y niegan que exista un colapso estructural.

El mensaje de Abascal ha generado un amplio eco en redes sociales y ha reavivado la confrontación política en torno a la regularización, uno de los temas más tensos del actual ciclo político.

La oposición conservadora ha aprovechado el episodio para cuestionar la gestión del decreto, mientras que el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para garantizar seguridad jurídica y control administrativo.

La advertencia del líder de Vox confirma que la regularización seguirá siendo uno de los principales frentes de batalla política en las próximas semanas, con un debate cada vez más polarizado y una fuerte repercusión pública.