María Guardiola ha destacado en su discurso de investidura que su objetivo es “formar un gobierno duradero, fiable, de mirada larga”, y que “consolide el cambio” en Extremadura. En este contexto, ha defendido el acuerdo entre PP y Vox, insistiendo en que

“no tiene nada que esconder”.

Ante las “interpretaciones interesadas, advertencias y proclamas” en torno al concepto de ‘prioridad nacional’, la presidenta en funciones ha garantizado que

“lo que está firmado es lo que se llevará a cabo”.

“Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen.

Este Gobierno jamás va a incumplir la ley

“, dijo ante el Pleno de la Asamblea. Todo ello, después de que Vox insistiera en que los españoles “irán primero” en la concesión de ayudas públicas, y de que el

Gobierno de Sánchez amenazara con llevar el pacto a los tribunales.

“El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y deberes”

, ha reconocido. En este sentido, Guardiola ha omitido este concepto de ‘prioridad nacional’: “No voy a entrar en eso, ni es el momento ni merece la pena”, señaló.

No obstante, ha anunciado la creación de una

Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón

, institucionalizando desde la Junta de Extremadura las sospechas de Vox sobre las personas migrantes.

La finalidad de esa unidad es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita”, ha explicado.

Entre las funciones principales del acuerdo se incluirán “la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”.

Asimismo, defiende que esa Unidad irá más allá: “Tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ‘pisos patera’”.