Vox ha arrastrado al Partido Popular a su discurso ultra en materia migratoria con el pacto de Gobierno en Extremadura. Pero Santiago Abascal quiere más. Por lo pronto, ha provocado que Alberto Núñez Feijóo se pronuncie forzosamente este miércoles en el Congreso con un texto que consagra la “prioridad nacional” como espíritu vertebrador del Estado del bienestar en España. El principio —incorporado al acuerdo para investir a la baronesa María Guardiola y según el cual los españoles tienen preeminencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y servicios públicos— se debatirá en el pleno de la Cámara baja a iniciativa de Vox, que ha registrado una moción donde se incluye esa “prioridad nacional” en las prestaciones asistenciales. La respuesta del PP, a falta de la votación del texto definitivo, es que acepta también la “prioridad nacional” en el Congreso aunque por ahora con el matiz del “arraigo”, como ha hecho en Extremadura. A última hora de la tarde, Feijóo ha aclarado que el “arraigo” significa que esa prioridad no tiene que ver con el lugar donde ha nacido la persona, sino el tiempo que lleve empadronado en el territorio en concreto. “Donde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona”, ha señalado el líder del PP a en declaraciones a los medios y en sentido contrario a lo que sostiene Vox. “Vox dice lo que considera oportuno. Nosotros decimos lo que hemos pactado y lo que está en el texto”, ha señalado el líder popular.El texto del pacto extremeño y la enmienda de los populares lo expresa así: “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio“. Queda pendiente ver cómo se refleja esa “prioridad nacional” en Aragón, donde el pacto entre ambas formaciones para investir a Jorge Azcón está al caer en las próximas horas.Génova reconoce en privado haber cedido en términos propios de la extrema derecha como el de “prioridad nacional” en materia de inmigración para desencallar el acuerdo en Extremadura y en los que faltan por firmar. En la dirección del PP se escudan en que la letra pequeña del documento diluye la discriminación de los extranjeros. Algo en lo que Vox no coincide. Para reforzar su posición, el partido de Abascal ha presentado una moción cuyo texto llega al hemiciclo precisamente después de que Génova haya intentado rebajar el alcance de la medida de la alianza extremeña, especificando que el texto sellado en Mérida habla de “arraigo” al territorio; es decir, a la comunidad, aunque incluya ex profeso la “prioridad nacional” de manera genérica.Pese a todo y aun con esas salvaguardas, el PP asume el término como propio en la Cámara baja y lo defiende a través de una enmienda redactada por sus propios diputados, que proponen modificar la moción de los ultras manteniendo la “prioridad nacional”, pero incorporando ese “arraigo” como postilla. La enmienda del Partido Popular busca negociar un acuerdo con Vox que, entre otras cosas, evite que los socios de la derecha se pronuncien por separado en el Congreso. Más en una sesión que se celebra en paralelo al debate de investidura de Guardiola, este miércoles, en la Asamblea de Extremadura en Mérida. La moción se votará mientras se ultima en Aragón el pacto para investir a Azcón, condicionado a su vez por la “prioridad nacional” que pide Vox. La iniciativa del Congreso no es vinculante, se trata de una declaración política sin efecto normativo pero obliga al PP a retratarse en un contexto en el que su prioridad es amarrar los acuerdos con Vox y evitar la repetición electoral en Extremadura, Aragón y Castilla y León. La enmienda del PP con la que pretenden cambiar la moción de Vox está enunciada en los mismos términos que el acuerdo extremeño. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio“, señala el documento alternativo propuesto por el Partido Popular. Esa es la formulación que se utilizó en Extremadura y que, según el PP nacional y extremeño, no discrimina a los inmigrantes porque al hablar de “arraigo” también afecta a otros españoles llegados a Extremadura desde otras comunidades. En cualquier caso, asumen la dialéctica de Vox incorporando nuevamente el principio de ”prioridad nacional”. “El texto de Vox no lleva literalmente a la propuesta de Extremadura y nosotros queríamos reflejar claramente el acuerdo al que hemos llegado (…)”, ha explicado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al respecto. “Es lógico y normal que tú priorices a las personas que tienen arraigo en el territorio”, ha añadido. “Lo que está firmado se está practicando en otras comunidades autónomas de distinto signo: valorar el tiempo que lleva viviendo una persona en el ayuntamiento en la comunidad autónoma o en el país”, ha agregado a última hora de la tarde Feijóo en declaraciones a los medios. “Dónde esté viviendo, con independencia de la nacionalidad de esa persona. Lo que está en el texto es que se tiene que valorar el arraigo, es decir, la vecindad, el tiempo que se lleva viviendo en una comunidad con independencia de la nacionalidad”, ha remachado el líder del PP.Para el Partido Popular, el “arraigo” se valora sobre un tiempo mínimo de empadronamiento (en el caso del acceso a la vivienda pública en Extremadura este se prolonga hasta diez años, un plazo muy dilatado que muchos inmigrantes no podrán cumplir ahora son tres años continuos o diez discontinuos). Pero no solo, sino también sobre otros parámetros que conlleve un apego a la comunidad, como haber estado escolarizado de niño, desarrollado tu vida allí o “la trayectoria de cotización y contribución al sistema”; es decir, tener trabajo y cotizar. Eso, en el caso de los inmigrantes con todos los papeles en regla, porque los irregulares quedan fuera de todas las ayudas. Así, otra de las modificaciones que propone el PP en su enmienda es la siguiente: ”Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Ese apartado también viene como tal en el texto extremeño. Según la explicación del PP, aquí no se habla en concreto de sanidad, pero con esa redacción dejan campo abierto para todo tipo de interpretaciones. De hecho, la dirección nacional del Partido Popular reconoció ya hace semanas a este periódico que Feijóo pretende volver al modelo en el que se asiste a los inmigrantes indocumentados solo a través de las urgencias, sin que se les permita tener acceso a los médicos de familia o especialistas, algo que “lo que hace es tensionar aún más un sistema sanitario que ya está al límite”, defienden en la cúpula del líder del PP.Es decir, el PP sí rechaza la sanidad universal pública y gratuita para los extranjeros en situación irregular que ha sido restaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez por real decreto hace unos días. “Hay que atender a quien lo necesite, pero no generar derechos a personas que son irregulares en nuestro país”, señalan fuentes de Génova. “Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, afirmó Feijóo en una entrevista en Servimedia publicada en Semana Santa. “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, añadió el líder del PP.