El problema de la emigración es tan importante y de solución tan difícil que provoca derivadas sorprendentes. De momento, ha conseguido poner de acuerdo al Gobierno con la oposición – ¿aleluya!, ¿aleluya! – para no acometer nuevas regularizaciones masivas y evitar así su indudable efecto llamada, mientras que ha abierto heridas entre el PSOE y el Gobierno. El secretario de Organización, Pepín Blanco, asegura que aquí no cabe ya nadie más porque el mercado de trabajo no necesita el aporte de nuevos inmigrantes, pero el Ministerio de Trabajo opina lo contrario; por cierto, en completa armonía con patronal y sindicatos.

Un problema de estas dimensiones tiene innumerables facetas, pero este enfoque que equipara la capacidad de absorción de los inmigrantes con la posibilidad de ofrecerles un trabajo es fundamental. Todos los estudios demuestran que el factor económico se encuentra casi siempre en el primer lugar de las motivaciones que empujan a los inmigrantes a afrontar los innumerables riesgos que jalonan su andadura hasta llegar aquí y a soportar los enormes sacrificios que han de padecer una vez llegados.

La pregunta solidaria es: ¿podemos seguir acogiendo – es decir, dando trabajo – a más personas? La formulación egoísta es: ¿nos interesa que sigan viniendo? Las respuestas son muy variadas y tengo la impresión de que crece con rapidez el número de los españoles que contestan no a las dos por causas diversas y no siempre honrosas. Sin embargo, yo no dudaría en dar un sí a ambas. A la primera porque lo han declarado el Ministerio, la patronal y los sindicatos, que son los que más saben de la materia. A la segunda, porque, sin ser una cuestión unívoca, las ventajas superan a los inconvenientes.

Los inmigrantes aseguran el crecimiento. Los datos elaborados por el servicio de estudios de Caixa Catalunya calculan que el crecimiento de la economía española caería a un exiguo 0,6% si le restáramos el empuje que proporcionan el trabajo y el consumo de los inmigrantes. Además, éstos aseguran la realización de muchos tipos de trabajos que quedarían sin cubrir en su ausencia, pues no existen nacionales dispuestos a cargar con la labor. El cuidado de nuestros mayores, la vigilancia de nuestros niños y los empleos menos nobles de sectores intensivos en mano de obra como la construcción, la agricultura o los servicios están ya mayoritariamente a su cargo. ¿Quién los hará si se van? ¿Cuántos matrimonios podrán trabajar si tienen que atender a sus ancianos padres o a sus jóvenes retoños? Más de un tercio de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social son extranjeros, lo que ha permitido obtener un superávit creciente en sus cuentas y aumentar el fondo de garantía destinado a cubrir nuestras pensiones del futuro.

Pero es evidente que la cuestión tiene también su parte negativa. El enorme volumen de inmigrantes y la rapidez con que se ha producido su llegada plantea graves problemas de asimilación cultural y de asunción de nuevo gasto social. Aportan trabajo, pero consumen grandes cantidades de recursos; principalmente, en educación y en sanidad. Nada menos que 600.000 hijos de inmigrantes se incorporan a nuestras aulas en el curso que comienza, un 8,4% del total y una cifra que multiplica por ocho a la registrada hace diez años. Como el gasto total en educación asciende a 9.000 millones de euros, hagan una simple regla de tres y verán lo que nos cuestan.

Todo el mundo coincide a la hora de calificar como grave al momento actual. Sin embargo, es evidente que lo peor, la cara más dura de la inmigración, está aún por llegar. Hasta ahora nadie ha sido capaz de encontrar la fórmula mágica que limite el acceso a nuestro país al número exacto de personas que deseamos/necesitamos contratar. Por muy diversas razones llegan en número mayor y van a seguir así en el futuro. Mientras la renta de Senegal – es un mero ejemplo – sea casi 20 veces menor que la española, el efecto de succión seguirá implacable.

Y ese ‘exceso de inmigrantes’ causará serios problemas. En primer lugar. porque la ausencia de oportunidades de trabajo les conducirá a la marginación, cuando no a la simple delincuencia. En segundo, porque va a ser muy caro mantenerlos. Por primera vez en nuestra historia, la asistencia social a los extranjeros empieza a reflejar cifras de consideración. La cobertura de los 133.109 extranjeros que pueblan las listas del paro le cuesta ya al Estado 59 millones de euros mensuales, una cifra que ha crecido un 33% en el último año y que supone el 5,2% del total.

Por eso es tan importante regular ahora el proceso. Se puede ser un ‘buenista’ furibundo en los principios, pero si queremos evitar que esto termine en el desorden o en una incontrolable ebullición xenófoba es necesario ser un realista práctico’ en su aplicación. Frenar la entrada, limitar el acceso, regular su estancia es una conveniencia para los que ya estamos aquí y una obligación ineludible para los que quieren entrar. Esta enfermedad no sana con más solidaridad. Se cura sólo con mayor rigor. La alternativa es el caos.