«El acuerdo se va a cumplir». Con esta contundencia, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, reafirmó este martes, 21 de abril, … su compromiso con la «prioridad nacional» en el acceso a la vivienda y otros servicios sociales pactada con el PP en Extremadura, a pesar de lo que considera «trabas» y un «boicot» por parte de la dirección nacional del Partido Popular, que está intentando sustituir el concepto por el de «arraigo nacional». La dirigente voxista denunció la estrategia de Génova, que considera «extraña» porque contradice, a su juicio, a los líderes autonómicos de los populares y porque perjudica la construcción de la alternativa al PSOE. Advirtió, además, de que aunque van a confiar en la «buena fe» de sus socios extremeños – la investidura de María Guardiola se consumará esta semana – , habrá consecuencias si el PP vuelve a incumplir su palabra. Los de Alberto Núñez Feijóo se defienden esgrimiendo su «voluntad de diálogo» y la «coherencia» con lo que han pedido los extremeños en las urnas.

La firmeza en las palabras de la derecha radical, que va a forzar a sus aliados a pronunciarse hoy en el pleno del Congreso a través del debate de una moción ‘ad hoc’ que coincide con la sesión de investidura de María Guardiola, choca con el giro que el PP intenta imponer desde Génova para evitar el término «prioridad nacional» como excluyente de la población inmigrante, sustituyéndolo por criterios de «arraigo» o «trayectoria de cotización». Para la portavoz de Vox, estas cautelas no son más que «trabas» de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. Una sombra de sospecha que los de Santiago Abascal llevan proyectando casi desde el inicio de las negociaciones para llegar al pacto de Gobierno que ambas formaciones sellaron la semana pasada en Extremadura. El tira y afloja coge fuerza en un momento crítico, con las negociaciones en Aragón y Castilla y León aún sobre la mesa —donde Vox ya advierte que será más exigente en la proporcionalidad— y con la mirada puesta en el 17 de mayo en Andalucía. Según Millán, el intento del PP de «boicotear» lo que Juanma Moreno calificó el domingo, durante el primer acto de precampaña junto a Feijóo, como el «lío extremeño» nace del miedo al impacto electoral que puedan tener los acuerdos en las elecciones andaluzas. Y los voxistas interpretan que eso solo sirve para debilitar la alternativa real al PSOE.

La portavoz de la derecha radical justificó la importancia del principio de «prioridad nacional» por una «escasez de recursos» y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra «colapsado», defendiendo que la Administración debe centrar sus esfuerzos en «garantizar el pan a los nuestros» – los españoles – ante la imposibilidad de llegar a todo el mundo. Y aunque los líderes del PP en Aragón – donde los de Vox vaticinan que podrán lograr más concesiones por tener más «fuerza» que en Extremadura – y Castilla y León tratan de marcar distancia, Millán advirtió de que el «espíritu de los acuerdos» de Vox será el mismo.

El concepto de prioridad nacional que defiende Vox, y que se terminará de plasmar cuando se haya constituido el Gobierno extremeño, se traduce, de acuerdo a lo defienden los de Abascal, en blindar el acceso preferente de los ciudadanos españoles a las prestaciones públicas frente a la población inmigrante (regularizada o no). Según el programa anunciado hace unos días, esta medida se articularía a través de requisitos de «arraigo real, duradero y verificable» con el territorio para poder optar a ayudas sociales, vivienda pública o subvenciones. Y frente a la polémica generada por este punto, que la izquierda ya ha anunciado que llevará ante los tribunales si es preciso, Juanma Moreno busca encapsular su campaña del escenario extremeño. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha terciado escudándose en que su partido «dice lo que dice textual y literalmente el acuerdo» y ha incidido en que «lo primero es la ley» y «la nación».

«Yo creo que eso está claro y se ve reflejado prácticamente en nuestro acuerdo y, por lo tanto, somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos», ha apostillado. Ante la proximidad del 17 de mayo, día en el que los andaluces acudirán a las urnas, Moreno redobló desde el domingo, en el acto de precampaña en el que estuvo arropado por Feijóo, su petición de una «mayoría de estabilidad» para no depender de la formación de Abascal. Y con esta tesis, el presidente autonómico contrapone la «prioridad nacional» y el discurso de choque que mantiene Vox a un modelo de «sensatez y gestión para todos».

Mientras, el Gobierno asegura que se mantendrá «vigilante» para que la ‘prioridad nacional’ que establece el pacto de Extremadura sobre los servicios públicos no vulnere «los artículos 13 y 14 de la Constitución, que garantizan la igualdad», ha asegurado la ministra portavoz, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.

Saiz ha asegurado que el acuerdo entre el PP y Vox «va contra los intereses económicos e industriales de Extremadura» al ir contra el «Pacto Verde» y de esta forma, poner en cuestión, por ejemplo, «el despliegue de las energías renovables, que era una oportunidad de presente y futuro en esta comunidad», ha señalado.