La secretaría general de Instituciones Penitenciarias ha instado a los centros penitenciarios a facilitar el proceso extraordinario de regularización para extranjeros que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril. En total, la población extranjera reclusa en España asciende a 13.944 personas, según los datos del 2024. El comunicado del organismo dependiente del Ministerio del Interior llama también a elaborar un registro estadístico de solicitantes entre la población reclusa, facilitar la documentación «a la mayor brevedad» y ofrecer apoyo lingüístico si fuera necesario. La instrucción, firmada por el director de Prisiones, Miguel Ángel Vicente Cuenca, se justifica en la necesidad de evitar que los internos queden en situación irregular una vez cumplida su condena, lo que, según el texto, dificultaría su reinserción social y aumentaría el riesgo de reincidencia.

El Partido Popular ve «gravísimo» este comunicado y su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ya ha pedido al Gobierno «explicarlo inmediatamente». La dirigente de los populares justifica esta reacción alegando que el decreto de regularización exige carecer de antecedentes penales. «Eso significa que los únicos presos que podrían acogerse son los preventivos», zanja.

Vox ha calificado de «sórdido» que el Gobierno informe a los presos sobre el proceso de regularización y ha exigido una condena formal de la Comisión Europea. Según ha señalado el líder del partido, Santiago Abascal, «cada nuevo detalle de la regularización masiva es más inquietante y sórdido que el anterior». «Quien crea que se puede combatir a esta banda con tibieza y complejos, ya ha perdido», ha escrito en la red social X. Por su parte, el eurodiputado y jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha exigido una condena formal de la Comisión Europea.

El comunicado de Instituciones Penitenciarias también ha causado malestar entre los funcionarios de prisiones. El sindicato TAMPM denuncia que la secretaría general actúa con «celeridad» cuando se trata de medidas que benefician a los internos, mientras mantiene, según su versión, un «silencio sistemático» ante las reivindicaciones laborales de los trabajadores.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que ningún extranjero con antecedentes penales es susceptible de regularización, al tiempo que ha subrayado que tampoco lo será ningún migrante que sin tener antecedentes penales suponga un riesgo para la seguridad nacional o un peligro para el orden público. El ministro ha asegurado que Instituciones Penitenciarias «cumple» con su obligación de trasladar a los presos preventivos el proceso abierto de regularización y ha subrayado que las personas con antecedentes penales no podrán solicitar la medida, es decir, los presos que cumplen condena en firme, los que ya están en libertad tras haber satisfecho su pena o aquellos reclusos que en situación preventiva cuentan con antecedentes penales previos. Igualmente, ha añadido, «tampoco van a ser regularizadas aquellas personas que puedan suponer un peligro, un riesgo para la seguridad nacional y para el orden público» si así lo determina la Policía Nacional en el expediente que elaborará en todos los casos. El ministro ha detallado que ese informe es «sustancial» a la hora de determinar si esa persona tiene derecho o no al proceso de regularización, que ha calificado de «muy garantista» para el solicitante pero también para el conjunto de la sociedad. «Estoy absolutamente seguro y convencido que van a ser unos informes absolutamente procedentes oportunos y sobre los que se va a basar la resolución para la Seguridad Pública», ha concluido.

Requisitos

Para que cualquier extranjero (incluidos los que están en centros penitenciarios) pueda acogerse a esta medida, debe cumplir los requisitos recogidos en el decreto. Es decir, haber llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y acreditar una estancia mínima de 5 meses en el país antes de presentar la solicitud, que deberá tramitarse entre el 16 de abril y el 30 de junio del 2026.

Los antecedentes penales, según el decreto, serían una causa de denegación de la solicitud, a menos que se trate de casos específicos de cancelación de antecedentes o situaciones jurídicas muy concretas previstas en el nuevo reglamento.