La larga espera a pie de calle en la calle Ronda de Toledo, 10, refleja la situación de desbordamiento que viven estos días los servicios sociales. Solo en Madrid, las citas se han multiplicado por 3,5 en cuestión de días. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha querido ilustrar con datos el colapso que, según denuncia, se ha producido en las oficinas de la capital desde la entrada en vigor del decreto de inmigración del Gobierno central: «Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas al día; una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y, al día siguiente, 5.500».

Una situación que, según el edil del PP, no es casual. Denuncia que el proceso de regularización se ha llevado a cabo «sin escuchar a las otras administraciones públicas implicadas, sean comunidades o ayuntamientos», lo que habría derivado en una decisión «precipitada y quizá buscando el colapso».
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se compromete a cumplir con la legalidad, es decir, a aplicar el decreto. No obstante, advierte de que solo concederá el certificado de vulnerabilidad que se exige en el decreto en caso de que pueda garantizarlo. «¿Cómo vamos a hacer que un funcionario certifique la vulnerabilidad si no tenemos información sobre ella?», sostiene Fernández.

De este modo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida va a priorizar los casos de los que ya cuenta con historial social, es decir, primero tramitará todos los informes de los que ya existe intervención social. «Lo que no va a hacer es certificar aquello que no podamos certificar», insiste el delegado, para quien esta «regularización unilateral tiene graves consecuencias para la ciudadanía».

Esa vulnerabilidad social que se exige al inmigrante permite, por ejemplo, que una persona que se encuentre en una vivienda okupada y obtenga ese certificado de vulnerabilidad pueda permanecer en ella, y esa vulnerabilidad podría no ser real si no existen medios para acreditarla.

Así, el consistorio madrileño no solo denuncia la falta de garantías, sino también la falta de medios económicos. «Se ha aplicado este decreto sin ofrecernos financiación para reformar las plantillas municipales». A su juicio, la solución a este colapso, que se ha extendido por todos los municipios de España, pasa por «retirar ese decreto de regularización y llevarlo a cabo de forma consensuada», alertando sobre el «efecto llamada» que podría tener y sus consecuencias.