«Es insostenible. Llevamos días dedicados a colas y colas sin tener capacidad de gestionar nada más». El Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que improvisar un sistema de filas el jueves pasado, colocando en una hilera infinita a todos los inmigrantes que acudían en masa a iniciar los trámites para regularizarse en España. Muchos no sabían ni los documentos que debían reunir; otros acudían para acreditar su situación de vulnerabilidad. En la otra cola, los servicios municipales trataban de dar salida a las gestiones típicas y cotidianas de cualquier empadronado. Pero no daban abasto. En Palma de Mallorca las solicitudes de informe de vulnerabilidad ascendieron a 1.150 el viernes. En solo tres días desde que el Gobierno anunció en Consejo de Ministros la aprobación definitiva del real decreto de regularización de inmigrantes las oficinas de atención al ciudadano se saturaron.

Escenas similares se llevan produciendo estos días en Valencia, Madrid o Santander. En la capital se vieron multiplicadas las peticiones de cita tras el proyecto del Gobierno. El miércoles pasado registraron 4.000 y el jueves, 5.500. La semana anterior al real decreto la cifra rondaba las 1.500 solicitudes. En el ayuntamiento madrileño intentan mantener las gestiones habituales en los centros de servicios sociales teleasistencia, ayuda a domicilio, tarjeta familias con muchas dificultades.
Es la nueva situación en los municipios de toda España, que advierten de que están sufriendo un «colapso absoluto» de sus servicios y que no pueden abordar el volumen de peticiones de los extranjeros sin papeles que quieren acceder al permiso de residencia y trabajo. Todos los alcaldes de grandes ciudades consultados por este periódico advierten de un fuerte malestar con el Gobierno central y, en concreto, con el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social responsable de la iniciativa por haber aprobado un proceso masivo de regularización que, en el fondo, acaban gestionando los ayuntamientos, sin recursos suficientes ni tan siquiera directrices claras.

«El Gobierno aprueba esto unilateralmente. Nos deja vendidos a los ayuntamientos y a las comunidades. Ni una llamada, ni una comunicación sobre lo que esto va a implicar. Y que nos apañemos como podamos cuando lo vemos publicado en el BOE. Es un sinsentido», coinciden todas las fuentes municipales consultadas. No ha habido reuniones preparatorias. El viernes, tres días después de hacer pública la regularización por real decreto, la secretaría de Estado del ministerio de Elma Saiz envió un correo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que pedía colaboración a los ayuntamientos. Ahí terminan las comunicaciones oficiales.

En Valencia advierten también de un «desbordamiento» de las capacidades, con las oficinas de padrón «a reventar». La queja, en realidad, se acumula: «A la regularización se suma el agujero que implica no tener Presupuestos Generales, una financiación autonómica desactualizada y que se pacta solo con Cataluña, el reparto de menores inmigrantes no acompañados sin contar con los ayuntamientos y ahora esta regularización masiva que nos colapsa». En la ciudad del Turia también han identificado que a raíz del proceso masivo muchas personas acuden solicitando un empadronamiento especial figura que el ayuntamiento pone a disposición para personas en situación de sinhogarismo o que no tienen una casa fija, para que puedan empadronarse en oficinas de los servicios sociales y acceder a las ayudas sin tan siquiera pertenecer al municipio.

Los alcaldes cargan contra el Gobierno por dejarles «vendidos», sin haber tenido reuniones preparatorias« y »apañándonos con el BOE directamente«

Fenómenos similares relatan otras ciudades españolas. «Están acudiendo personas en masa sin tener ni idea de lo que se necesita. Buscan padrones e informes de vulnerabilidad que prueben una situación determinada para regularizarse», explican en Zaragoza. Son los municipios los que, después de que los solicitantes rellenen un formulario del Ministerio, deben acreditar que efectivamente esas personas deben ser considerados vulnerables. «Hemos llegado a tener 800 solicitudes de personas que no están ni en nuestros registros», explican a ABC.

Criterios poco definidos y laxos
El impreso que Migraciones exige rellenar cuenta con las siguientes circunstancias para avalar la vulnerabilidad una de las condiciones que permiten acogerse a la regularización: aislamiento social o falta de red de apoyo, situación de sinhogarismo o vivienda precaria; ser víctima de discriminación; carecer de ingresos suficientes; encontrarse en situación de pobreza; tener dificultades de acceso a un empleo; tener personas a cargo (menores o dependientes); encontrarse en una unidad familiar en situación de vulnerabilidad; estar en circunstancia de monoparentabilidad en contexto de precariedad; tener riesgos psicosociales o estar expuesto a situaciones de explotación o abuso.

Factores que en los ayuntamientos consultados ven «muy amplios» y sobre los que deben cursar en caso de que sea necesario los informes pertinentes que acrediten cada una de estas situaciones. Precisamente, el Consejo de Estado en su dictamen adelantado por ABC ya advertía al Gobierno de que debía concretar mucho más esos criterios, advirtiendo que una persona por el hecho de ser extranjera en otro país no podía considerarse automáticamente vulnerable. Lo que pedía el órgano consultivo es que se estableciera «un marco claro de criterios» para que las entidades pudieran apreciar dicha situación y advertía, justamente, de lo que ocurre en los ayuntamientos: que sin esos criterios, los órganos administrativos no podrían gestionar las solicitudes de forma eficiente. Y que estarían expuestos a mucha tensión.

La advertencia que el Gobierno no tuvo en cuenta llegaba a decir que la vulnerabilidad, tal como estaba redactada en el Proyecto, era un concepto demasiado abierto y basado en presunciones que comprometían «la seguridad jurídica». A pesar de las muchas observaciones con carácter esencial del Consejo de Estado las que deberían haberse corregido el Ejecutivo centró sus modificaciones en todo lo relativo a los antecedentes penales, en gran medida por el choque con las normativas comunitarias.

La mayoría de los grandes ayuntamientos están gobernados por el PP. Muchos acusan al Gobierno de estar provocando situaciones caóticas en sus ayuntamientos. Precisamente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, anunció ayer en Génova que el partido impulsará mociones en los 8.000 municipios de España para exigir que «se paralice» la regularización masiva ante la falta de recursos y medios: «Este disparate no tiene ni pies ni cabeza», aseguró el número dos de Alberto Núñez Feijóo, que además advirtió que la situación es «el prólogo de lo que ocurrirá en España con los servicios públicos, las ayudas sociales, la sanidad, el acceso a la vivienda, todo eso se verá muy afectado».

Los propios ayuntamientos también se están organizando para enviar un requerimiento al Ejecutivo por el colapso que están sufriendo. Se dirigirán a los delegados del Gobierno también, a los que acusan en estos días de no estar ayudando a los municipios. El Gobierno cifró en medio millón de personas el alcance de la regularización prevista, aunque muchas entidades piensan que, al menos, llegará a las 800.000 personas.