La abogada madrileña (1977) es experta en el ámbito de la asesoría jurídica especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones. En 2022 fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Este lunes participó en las jornadas Canarias ante el nuevo Pacto europeo de migración y asilo, en Casa África. A su juicio los menores migrantes solos tendrán la ventaja de que contarán, por primera vez, con un representante. Pero también supone varios problemas. Entre ellos la falta de personal especializado y que será «un obstáculo prácticamente insalvable para la detección de las mayores vulnerabilidades que son las víctimas de trata».

–¿Qué significa este pacto europeo si nos fijamos en los menores migrantes solos?

–Hay que tener en consideración varias cosas y la primera es que conforme a nuestra ley de extranjería los niños no acompañados se encuentran en situación regular. Y, además, conforme a todos los instrumentos normativos en materia de infancia los niños no acompañados son un claro ejemplo de personas en situación de vulnerabilidad. Esto nos lleva a dos consecuencias básicas. La primera es que los niños y niñas no acompañados no pueden ser objeto de retorno y la siguiente es que no pueden ser objeto de un procedimiento acelerado en la frontera. Se establecen una serie de salvaguardas para los derechos de los niños. Una primera es la asignación de un representante con carácter urgente y luego, en el plazo de 15 días que en caso de extraordinaria afluencia pueden ser diez días más, pues ya tenemos que tener un representante permanente, una tutela constituida. Este representante es, además, una figura novedosa porque debe asesorar al menor incluso en el procedimiento de determinación de la edad, en el primer momento del triaje en los distintos momentos en que el niño tiene que interactuar con inmigración. Ahí ya tenemos un reto. El siguiente reto es en materia de las condiciones de acogida, que pasa por garantizar, por ejemplo, que el representante no debe tener más de 30 niños y niñas y 30 es un máximo no es el estándar.Esto nos lleva a que es un imperativo en atención. Para modificar e implementar esto se aprobó el real decreto 2/2025, que nos permite hacer los traslados a la península, está impugnado ante el Tribunal Constitucional (TC) y, por tanto, es urgente que se pronuncie sobre la materia.

–¿Por qué es urgente? Las derivaciones se siguen haciendo.

–Es urgente en el sentido de que necesitamos claridad desde el punto de vista de a seguridad jurídica. Operativamente no tenemos ninguna prisa, pero para la seguridad jurídica, si hay una tacha de inconstitucionalidad necesitamos saberlo cuanto antes. Todo lo que tiene que ver con infancia no va a funcionar si no operamos desde una dinámica de solidaridad en la responsabilidad conjunta. Si operamos en la dinámica de las competencias vamos a tener un problema.

–Uno de los problemas con los menores es la determinación de la edad.

–El pacto también establece salvaguardas y pide que la determinación de la edad tenga un carácter holístico y psicosocial. Ahora mismo en España estamos haciendo la determinación de la edad desde un punto de vista estrictamente médico. Analizamos la edad biológica, lo que ha madurado el cuerpo. Aquí hay un problema importante y nos lo lleva diciendo el Comité de los Derechos del Niño con carácter persistente pero… Ahora el pacto nos obliga a hacer un enfoque psicosocial y con un representante.

–Obliga, entonces, a cambiar.

–Ya teníamos instrumentos legales que permitían hacer esto, lo único es que ahora tenemos un reglamento que es imperativo para las autoridades. Ahora hacemos de la necesidad virtud y puesto que las administraciones parece que sí que se comprometen a cumplir este reglamento lo tienen que cumplir en toda su integridad, también en la salvaguardas. No vale solo cumplir la parte de mecanismos acelerados y olvidarnos de lo demás.

–¿Y se hará?

–Este pacto europeo también es legislación española. Los reglamentos no exigen transposición sino implementación. Lo que pasa es que esto nos obliga a tener personas formadas en enfoque psicosocial, en credibilidad, testimonio e infancia, formadas en trauma. Esto no lo tenemos ahora mismo. Todo este tipo de formaciones son extraordinariamente especializadas.

–¿Y tendremos a este personal en para junio?

–No solo no contamos sino que tampoco tenemos claro quien está llamado a ser estos representantes legales, por ejemplo. Nuestra arquitectura jurídica encomienda representación legal de niños y niñas a las comunidades, a entidades con personalidad jurídica y el pacto exige que sean personas físicas para todo trámite migratorio y protección internacional, pero tienen que tener una especialización, no puede ser el director del centro. Y además, tienes que tener un abogado. Se habla todo el rato del asesoramiento jurídico.

–¿Será esto lo más complejo?

–Sí porque no tenemos ese personal especializado. Además, no tenemos una figura jurídica que diga quien va a ser ese representante ¿es un guardador con funciones tutelares? ¿Es un defensor judicial? ¿Quién va a ser? ¿Qué competencias o qué responsabilidades tendrá? ¿Cómo se relaciona con el niño o niña? De esto no se está hablando y ojo porque esto se aplica a las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas.

–¿Qué le parece lo mejor de este pacto para la infancia?

–Creo que el hecho de que el enfoque psicosocial sea perentorio. Tenemos que aprovecharlo para asegurarnos que se modifica e impulsa la ley de evaluación de la edad que está pendiente de tramitación parlamentaria y la tienen en un cajón. Y otras dos relevantes: la nueva ley de trata que trasponga la nueva directiva de trata y una ley o al menos el plan nacional contra el trabajo forzoso que permite la tipificación del delito de esclavitud.

– ¿Y para las niñas y jóvenes en particular?

–Para ellas este pacto es un obstáculo prácticamente insalvable para la detección de las mayores vulnerabilidades que son las víctimas de trata, o de tratos inhumanos degradantes y torturas porque el impacto de estas violaciones graves de derechos humanos lo convierte en irrenarrable. Hay una realidad insalvable. Le estamos pidiendo a los policías algo que ni siquiera las personas más competentes en trauma podrían hacer.

–Hay menores que mienten en su edad diciendo que son adultos. ¿Les convendría ahora?

–Es muy frecuente. Un 50% de los detectados en Canarias resultaron mayores de edad. Lo que no dicen después es que los mismos niños, tras pasar por el servicio de menores cuando estaba colapsado, había violencia… decían ser adultos y cuando llegaban a península decían ya que eran menores. Es una estrategia de supervivencia que todo quien trabaje con personas migrantes lo conoce. Por eso es tan importante el enfoque psicosocial. Muchas veces tienen identidad clandestina. El silencio, las dobles identidades es lo que les ha mantenido con vida y en otras ocasiones no es estrategia sino como una manera de abordar el trauma. Las personas se ven afectadas en su identidad en el tránsito migratorio. Hay muchos factores para no decir que eres menor y víctima de agresión sexual a pesar de haberlo sido.