La regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno de España

se ha colado en la campaña electoral andaluza y será uno de los temas recurrentes hasta el día de las elecciones. Después de un año y medio paralizada en el Congreso, un «acuerdo» anunciado a finales de enero entre el Gobierno y Podemos impulsó esta reforma que finalmente fue aprobada en el Consejo de Ministros la semana pasada. La medida, aprobada a través de un Real Decreto, permitirá la regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 15 de abril y ahora ha comenzado el proceso administrativo… y las repercusiones políticas del mismo.

La izquierda andaluza ve esta decisión como una oportunidad de deslegitimar a la derecha, ya que el PP y Vox se han opuesto a la medida. Los populares admitieron la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular cuando se presentó en las Cortes Generales, pero eso no quiere decir que asumiera la iniciativa de la que ahora se ha descolgado por completo.

En este sentido, varias comunidades autónomas del PP impugnarán esta regularización porque, entre otras cuestiones, consideran que puede repercutir negativamente en la prestación de servicios públicos y provocar una mayor saturación del sistema.

En Vox van a elevar el tono contra la llegada de inmigrantes. La candidata número dos de Vox por Sevilla al Parlamento y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez, planteó ayer una disyuntiva: los andaluces tendrán que elegir en las elecciones autonómicas del 17 de mayo entre «regularizaciones masivas» de migrantes o

un «gobierno fuerte, con sentido común y sin complejos, que sea capaz de decir que aquí ya no cabe ni uno más y que muchos se van a tener que ir».

A juicio del partido de Santiago Abascal, la «factura» que traerá la regularización la «van a pagar los andaluces en forma de un aumento en las listas de espera en sanidad, de un aumento de la inseguridad en nuestros barrios, de un aumento del colapso de los servicios públicos y de un aumento en la dificultad del acceso a la vivienda», afirman.

En contraposición, Vox quiere que la «prioridad nacional», recientemente firmada en Extremadura y recogida en el acuerdo suscrito con el PP, se instale también en Andalucía porque lo que plantea es que los electores votarán, a modo de referéndum, «entre los españoles, los últimos, o la prioridad nacional».

Este domingo, en su primer mitin durante la precampaña en el que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inmigración fue uno de los principales temas de su intervención. El secretario general del PSOE aseguró que «España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y de discursos racistas como los que está practicando el PP».

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, calcó ayer el discurso de Sánchez: «Andalucía tiene que recordar quién fue hace 50 o 60 años. Nosotros fuimos esos temporeros en Alemania, en Luxemburgo, en Bélgica» y aseguró que su formación quiere dar un «abrazo social a quien venga».

Entre el «abrazo» y el «no cabe ni uno más»,

la precampaña va perdiendo todos los matices.