El Ayuntamiento de Madrid lleva alertando en las últimas semanas que el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez amenazaba con colapsar los servicios públicos municipales. Ahora, el Consistorio presenta cifras al respecto. “Hace una semana teníamos

1.500 peticiones de cita al día; tras la entrada en vigor del decreto, pasamos a 4.000 y al día siguiente a 5.500”,

asegura el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de

Madrid

,

José Fernández.

En opinión de Fernández, el Gobierno central ha aprobado el decreto “de forma precipitada” y sin contar con las administraciones afectadas, lo que está provocando un “colapso” en los servicios municipales. Una situación que evidencia las consecuencias de una decisión “unilateral” que, según ha denunciado, no ha sido consensuada ni con comunidades autónomas ni con ayuntamientos.

El delegado ha puesto el foco en el denominado

certificado de vulnerabilidad,

necesario en el proceso de regularización, y ha advertido de que el Ayuntamiento solo lo priorizará en aquellos casos en los que

exista una intervención social previa. De hecho, alertó de posibles efectos indeseados si se concede sin comprobar la situación real de los solicitantes.

En este sentido, ha señalado que podría darse el caso de que personas sin situación de vulnerabilidad accedan a este documento si no se dispone de información suficiente, lo que, en su opinión, podría tener consecuencias en ámbitos como la ocupación de viviendas o el acceso a recursos públicos.

Fernández ha insistido en que el Consistorio cumplirá la legalidad, pero ha advertido de que

la sobrecarga de trabajo

puede afectar a otros servicios esenciales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o programas sociales como la tarjeta familia. Además, ha lamentado que el Gobierno central no haya acompañado la medida con financiación adicional ni refuerzos de plantilla.

Por otro lado, el delegado ha defendido la gestión municipal en materia de escuelas infantiles y ha anunciado su disposición a reunirse con trabajadoras del sector. Ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá aplicando la normativa vigente y el convenio colectivo, que contempla un periodo transitorio hasta 2028 para la aplicación de mejoras salariales.

En este contexto, el responsable municipal ha reiterado su petición de revisar el decreto estatal y abordar cualquier proceso de regularización “de forma consensuada” con las administraciones implicadas.