La decisión del Gobierno de proceder a la regularización de medio millón de inmigrantes –cifra que algunos elevan hasta 1,3 millones– que se encuentran … en España en situación irregular tiene unas enormes implicaciones de todo tipo: legales, económicas, sociales e incluso internacionales. Unas son legales, porque obligará a la administración a realizar un esfuerzo ímprobo, en un pequeño lapso de tiempo, lo que ha producido ya problemas por ‘acumulación’ de tareas y falta de personal.

Otras son económicas, porque obligará a revisar las cifras macro del país que, como sucede con el PIB, sirven después como referencia de muchas otras variables y, además, obligará a reforzar unos servicios públicos que muchos irregulares que ya viven en España no utilizan ahora, pero seguro utilizarán después del proceso, con el consiguiente impacto presupuestario. Son también de índole social, porque servirán como arma arrojadiza en el debate político nacional, que ya está suficientemente crispado y violento. Y otras son de orden internacional, porque incomoda, y con razón, a nuestros socios europeos, temerosos de que, una vez ganada la homologación española, los extranjeros ‘ya homologados’ aprovechen las ventajas del espacio Schengen para esparcirse con libertad y sin miedo por toda la Unión Europea.

La regularización de tal cantidad de personas, con especial incidencia en Cataluña y Madrid y entre el género femenino, afectará positivamente al PIB, quizás hasta en 0,6 décimas, porque está ligado en buena parte a la población total y al crecer en consecuencia el número de horas trabajadas –hasta un 0,75%– y la afiliación a la Seguridad Social, quizás en doble dígito. Pero también modificará los salarios reales de las personas menos favorecidas.

Todo esto se refiere al contenido, pero también cuentan las formas y estas no han sido las más adecuadas. El Gobierno no puede hurtar del debate parlamentario este asunto. Y no puede pretender ‘pasar’ de la oposición a la hora de preparar y redactar las medidas y que las acepte más tarde sin derecho a opinar y matizar. PP, Vox y Junts suman juntos más de la mitad de los diputados y en el Congreso se oponen a alguna o a muchas de las decisiones adoptadas con exceso de celeridad y escasez de debate. La revuelta está garantizada y es una pena que este asunto no figure entre las cuestiones de Estado que se debaten en los plenos y se aprueban con una mayoría suficiente como para garantizar su estabilidad y pervivencia en el tiempo. Es mucho pedir, ¿no?