En las oficinas de Correos de la calle Urdaneta de Donostia se concentraban este lunes muchas expectativas. No solo la Real Sociedad ha despertado entusiasmo … en este atípico inicio de semana. La apertura del plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes se ha desarrollado en Gipuzkoa con normalidad, de manera escalonada y sin grandes aglomeraciones, gracias a un sistema de cita previa en el que el colombiano Rubén Bedoya ha sido uno de los primeros en acudir.

«Llevaba más de dos años viviendo en Gipuzkoa, pero perdí la documentación y tuve que empezar de cero. Vivo con mi hija menor, de siete años, que está escolarizada sin problemas, y este nuevo proceso nos ha devuelto la ilusión. Es una ventana de oportunidad enorme que dará tranquilidad a toda la familia», explica este hombre de 48 años.

En Euskadi hay unos 26.000 inmigrantes en situación irregular que, como Bedoya, ya pueden presentar su solicitud de forma presencial gracias a un despliegue logístico articulado en siete sedes estratégicas de Correos y en dependencias de la Seguridad Social, como la Tesorería General en Riberas de Loiola, en Donostia.

También en entidades sociales como CEAR Euskadi, donde esta mañana la paraguaya Librada Ojeda, de 38 años, aguardaba su turno. «Estoy muy ilusionada porque esta situación de irregularidad te ata de pies y manos y, gracias a la regularización extraordinaria, por fin voy a poder ver a mi hija y a mi nieta», relataba.

El operativo en las oficinas postales de la capital (Urdaneta, Gaztañeta, Luzuriaga, Bertsolari Txirrita y Maestro Santesteban) y en Irun (Plaza del Ensanche y Luis de Uranzu) contempla horarios de mañana y tarde para absorber la demanda. El plazo de solicitudes para ambas vías permanecerá abierto hasta el 30 de junio.

A primera hora, la tónica era de calma en las oficinas de Correos, donde el personal resolvía dudas. «Hoy tengo previsto entregar toda la documentación necesaria, a ver si es posible. Espero que podamos ganar en tranquilidad porque hasta ahora no hemos podido salir de aquí por la situación de irregularidad. Estoy separado; la madre de la niña vive en Colombia, así que, además de lograr una mayor estabilidad laboral, poder viajar con mi hija para que esté con su madre ya justifica todo este proceso», añade el colombiano.

El procedimiento se inició el pasado jueves, 16 de abril, aunque en un primer momento solo para solicitudes telemáticas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 peticiones en todo el Estado, además de la reserva de 19.633 citas para la tramitación presencial a partir de este lunes.

Fuentes de la Seguridad Social confirman que se han incorporado más de 550 trabajadores en todo el país para reforzar las oficinas.

Las organizaciones sociales también desempeñan un papel clave. Solo en Euskadi, 22 entidades – entre ellas Cáritas – actúan como mediadoras y centros de gestión para quienes carecen de medios técnicos o competencias digitales para completar el proceso online.

La aparente calma de este lunes contrasta con el volumen de atenciones de los últimos días. «Llevamos semanas sin parar; el teléfono no ha dejado de sonar. Hemos estado a pleno rendimiento, recibiendo solicitudes de información incluso desde lugares como Toledo o Jaén», señalan desde Cáritas Gipuzkoa.

La entidad considera que se trata de una gran oportunidad y ha reforzado el servicio con once voluntarios que estos días ofrecen información, orientación y acompañamiento. Cáritas ha convocado para mañana martes una sesión informativa abierta a cualquier persona interesada en conocer los pasos y requisitos del proceso. La charla tendrá lugar a las 16.30 horas en el salón de actos de la parroquia de San Ignacio, en el barrio donostiarra de Gros.

Entidades como CEAR Euskadi también han redoblado esfuerzos. En la oficina del barrio de Amara se han atendido estos días a jóvenes árabes derivados por Cruz Roja que, sin conocer el idioma, mostraban en el móvil que necesitaban el informe de vulnerabilidad exigido en este proceso. «Hemos recibido muchas solicitudes en ese sentido y, en algunos momentos, se ha generado incluso un cuello de botella», reconoce Elena Valverde, coordinadora de CEAR en Euskadi.

No era el caso de esta mañana en Amara. La organización lamenta, no obstante, que muchos particulares hayan recurrido a abogados asumiendo costes evitables. «Las entidades estamos para informar y ayudar en lo posible, aunque es cierto que el Ministerio de Inclusión no ha facilitado todos los recursos necesarios y vamos respondiendo en función de nuestras capacidades», añade Valverde.