La regularización de personas migradas es una medida imprescindible. No solo por razones democráticas, sino sobre todo humanitarias y económicas. Esta semana, con la aprobación por parte del Gobierno español del Real Decreto que permitirá la regularización de más de 500.000 personas, se da un paso que hacía demasiado tiempo que se reclamaba. Un paso que no habría sido posible sin la presión sostenida de los colectivos y plataformas en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil organizada, que hace ya cinco años impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular con miles de firmas.

Durante estos últimos años, hemos visto cómo los discursos de odio contra las personas migradas han aumentado, especialmente por parte de la derecha y la extrema derecha española y catalana, haciendo seguidismo de personajes internacionales que hacen del miedo y la persecución su causa política. Ante esto, era inconcebible permitir que esta iniciativa continuara encallada en un cajón. Desde Esquerra Republicana hemos estado comprometidos desde el primer momento con la defensa de los derechos de las clases trabajadoras, vengan de donde vengan.
Digamos las cosas como son: ninguna persona es ilegal. Esto no ha de ser una consigna, es una realidad que hay que reconocer políticamente. Miles de personas viven, trabajan y contribuyen a la economía de este país sin tener reconocidos sus derechos básicos. Y por mucho que no se les reconozcan, no dejarán de existir. No podemos normalizar esta exclusión.

Conviene recordar un hecho que demasiado a menudo se olvida en el debate público: la inmensa mayoría de estas personas han llegado aquí porque el mercado de trabajo las ha llamado. La economía las necesita. Sectores enteros funcionan gracias a su trabajo. Pero en lugar de reconocerlo, el sistema las condena a la invisibilidad administrativa. Y la irregularidad no es un accidente: es una herramienta. Sin papeles, no hay derechos. Sin derechos, la mano de obra es más barata, más dócil, más explotable. Y se les quita la voz, el derecho a la protesta. La irregularidad administrativa no deshumaniza por error, deshumaniza por diseño. Y esto es exactamente lo que buscan la derecha y la extrema derecha, quieren convertir a estas personas en el problema para legitimar un sistema que precariza y explota.

Regularizar quiere decir, entonces, garantizar acceso a aquello más esencial. Quiere decir incorporar toda esta clase trabajadora al sistema de protección social. Quiere decir reforzar los servicios públicos con sus cotizaciones y sus impuestos. Quiere decir reconocer lo que es una realidad: esta gente trabaja, convive y hace país. Además, legislando en derechos es la única manera en que combatiremos el racismo. Porque cuando las instituciones fallan o miran hacía otra parte, los discursos de odio se cuelan y ganan terreno.

En este sentido, nos preocupa especialmente cómo una parte de la izquierda ha acabado comprando los marcos discursivos de la derecha, asumiendo el relato para evitar enfrentar con valentía cuestiones como la derogación de la Ley de Extranjería. Esto no es neutro, esto contribuye de facto a alimentar la exclusión y a reforzar los postulados de la extrema derecha.

Por eso, aunque celebramos este avance, no nos podemos conformar. El contexto europeo y global nos alerta de que la criminalización de las personas más vulnerables, la simplificación de los problemas sociales y el auge del racismo institucional son una amenaza real. Para combatirlo, hay que ser coherentes y contundentes en la defensa de los derechos humanos.
Es relevante, además, que el decreto aprobado incorpore una propuesta defendida por Esquerra Republicana: el reconocimiento del aprendizaje del catalán como vía para acreditar el arraigo. No se trata de un requisito obligatorio ni excluyente, sino de un elemento que amplía la mirada sobre qué quiere decir formar parte de una comunidad. El arraigo deja así de medirse únicamente con criterios administrativos o laborales, para incorporar también la dimensión social, cultural y de participación.

La regularización es, pues, una cuestión de humanidad, de justicia social y de país. Las personas migradas que viven entre nosotros no necesitan nuestra compasión: necesitan sus derechos. Son clase trabajadora como el resto, con la diferencia que un papel las condena a la invisibilidad. Y tenemos la obligación de plantar cara a aquellos que nos quieren divididos contra los más vulnerables y sumisos ante los más poderosos. Regularizar es reconocer esta realidad y darle respuesta con derechos. Esta es la única vía para construir una sociedad cohesionada y justa.