En política hay poco blanco y negro y muchos matices de gris. Sin embargo, en inmigración, las cosas son bastante binarias.

¿Quieres reducir el número de inmigrantes? Lo primero, como hace Australia, es garantizar que toda persona que entre irregularmente será confinada indefinidamente en un centro de internamiento hasta que sea devuelta a su país.

Lo segundo es deportar a todo inmigrante que esté en situación irregular, bien porque haya entrado irregularmente, bien porque haya entrado legalmente —como turista o con visado— pero luego se haya quedado irregularmente. Trump ha demostrado que el método funciona: en octubre de 2025, EEUU registró un mínimo histórico en entradas irregulares: 30.573 — un 92% por debajo del pico de la era Biden de 370.883 mensuales—. 470.000 deportaciones—intencionalmente brutales— después, adiós a las caravanas de migrantes.

Lo tercero es actuar no solo sobre la oferta (la disponibilidad de inmigrantes), sino sobre la demanda. Si cada familia o empresa española que empleara a un inmigrante irregular tuviera que hacer frente a una multa de, digamos, 10.000 euros, la demanda, y con ella la oferta, caería radicalmente.

Si no estás dispuesto a hacer ninguna de las tres cosas anteriores, te queda una (cuarta) opción para hacer desaparecer a los inmigrantes irregulares: regularizarlos. Claro que también puedes regularizar y luego confinar, deportar y sancionar para así dejar claro que no aceptarás más inmigrantes.

Si no vas a hacer ninguna de esas cuatro cosas, es que no quieres reducir la inmigración, sino que tienes otros objetivos, seguramente electoralistas. Por tanto, si ni deportas ni regularizas, condenas al colectivo de irregulares a la explotación y alimentas la xenofobia.

Un millón y medio de personas provenientes de Iberoamérica entraron por vía aérea en 2025 y luego se quedaron irregularmente, frente a los 61.273 magrebíes, africanos y asiáticos que entraron irregularmente por vía marítima. Mafias y pateras suman, por tanto, solo un 4,23% de las entradas. Y aun así, una vez dentro, las opciones sobre qué hacer con ellos y el otro medio millón de irregulares que se estima residen en España son las mismas: deportar o regularizar. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, en este tema, tiene un coste altísimo: alimenta a la extrema derecha y condena a los irregulares a la marginalidad.