“La regularización me ayudaría a salir de la pobreza y poder conseguir un buen trabajo”. Con esa expectativa encara Idrissa el proceso abierto tras el anuncio del Gobierno, una medida que podría beneficiar a más de 500.000 personas que se encuentran en una situación similar. El joven mauritano llegó en cayuco a El Hierro en 2023, tras una travesía que todavía recuerda con dolor, y desde entonces ha ido encadenando trabajos y ciudades en un intento constante de salir de la irregularidad administrativa en la que quedó atrapado.

Después de su llegada a Canarias pasó por Tenerife, Mérida, Cáceres y Valladolid, hasta terminar en Málaga, donde consiguió empleo en un matadero mientras contaba con un permiso temporal ligado a su solicitud de asilo. Aquel respiro duró poco. Cuando su petición fue denegada, perdió el trabajo y volvió a empezar desde cero, esta vez en una posición todavía más complicada, con menos opciones y mayor dependencia de trabajos precarios al no tener papeles.
“Siendo irregular hay muchas menos opciones de empleo, acabé trabajando en el campo porque era una de las pocas opciones que tenía, ahí te cogen sin papeles pero bajo unas condiciones horribles”, explica.

Las jornadas podían alargarse hasta diez horas por apenas 20 o 25 euros al día. “Era muy duro. Con eso no se cubre nada. Mi habitación costaba 300 euros, no ganaba lo suficiente para pagarla. Y además los días de lluvia no se trabaja, y por lo tanto no cobras”, denuncia.

Ahora ha regresado a Valladolid, donde intenta recomponer su situación mientras busca empleo y espera la regularización, a la que se refiere como su “gran esperanza”. Cumple, asegura, los requisitos de tiempo de estancia, arraigo, voluntad de trabajar y ausencia de antecedentes. Pero el proceso depende también de un elemento que no controla: la llegada de documentación desde Mauritania. “El justificante de antecedentes penales puede tardar entre quince días, siendo positivos, hasta más de un mes. Por eso tengo miedo de quedarme fuera de plazo por esto”, dice.

A esa incertidumbre se suma la falta de recursos, lo que le impide poder pagar asistencia legal. “Ahora mismo no tengo dinero para pagar a una abogada. Me estoy quedando este mes con un amigo mientras busco trabajo para poder pagar una habitación”, explica.

En medio de esa espera, Idrissa se refugia en su gran pasión: la música. Compone, produce y graba en Valladolid, con el sueño de que algún día pueda sacarla en plataformas digitales y que pueda llegar a miles de personas. “Algún día me gustaría poder dedicarme a la música, pero mi plan ahora es poder trabajar como electricista o soldador, he hecho cursos y también trabajé en mi país de ello, pero quiero compaginarlo con mi proyecto musical”, concluye.
Su historia no es una excepción. La irregularidad, el trabajo precario y la imposibilidad de reclamar derechos atraviesan historias de vida muy distintas. La de Alex empieza en otro punto del mapa, pero desemboca en un lugar parecido. Llegó en avión desde Argentina y, como Idrissa, también ha conocido, con solo 20 años, la precariedad del trabajo en el campo.

“He tenido trabajos súper esclavizantes y algunos que ni siquiera pagaron. Y siguen sin pagarme todavía”, relata. Trabajó durante un mes y medio, más de diez horas al día, siete días a la semana. “Me dijeron que me iban a pagar ocho euros la hora, pero no lo hicieron. Cuando reclamé mi dinero me despidieron sin darme nada y no puede denunciar en la Policía porque me podían deportar”, explica.
Desde entonces ha contado con el apoyo de Cáritas para sobrevivir. Alex ha realizado cursos de cocina y dice estar preparado para trabajar: “Solo necesito conseguir los papeles”. Así, deposita sus esperanzas en la regularización para ayudarle a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

La regularización de 2005 cambió su vida
En España existen experiencias previas que explican estas expectativas. La última gran regularización fue la de 2005, donde el Gobierno de Zapatero otorgó los permisos de residencia y trabajo a más de 570.000 personas. Ahmed, migrante marroquí, fue una de ellas y recuerda este momento como “un gran cambio positivo” en su vida.

Él había llegado a España con un permiso de estudios, pero decidió quedarse cuando se abrió el proceso extraordinario. “Tenía los papeles que me pedían, pero lo más difícil fue conseguir un contrato de trabajo. La persona con la que trabajaba no quiso hacérmelo y tuve que seguir buscando”, recuerda. Cuando por fin presentó la solicitud, la respuesta fue negativa. El problema no estaba en él, sino en la empresa que lo había contratado, que no cumplía con la normativa de Seguridad Social. Tras un recurso, meses de espera y un nuevo contrato, llegó la resolución favorable. “Cuando me dijeron que estaba aprobado, fue un alivio enorme. A partir de ahí empezó otra etapa”, explica.

Con los papeles, su vida empezó a ordenarse, aunque también tuvo que hacer sacrificios. “Trabajé en la obra, algo que no tenía nada que ver conmigo porque venía de estar estudiando varios masters, pero tenía que hacerlo para asegurarme cotizar varios meses como pedía la norma. Fue duro pero guardo muy buenos recuerdos con mis compañeros del trabajo”, asegura. Así, pudo pedir la reagrupación familiar y traer a su mujer y a su hija a Madrid.

Con el tiempo, retomó su formación, accedió a empleos más cualificados y hoy trabaja como preparador laboral. Dos décadas después, asegura que la regularización le permitió “construir una buena vida” en España. “Con papeles puedes moverte sin miedo a que te pare la Policía, viajar, cambiar de trabajo, alquilar una casa y vivir con tranquilidad. Puedes hacer una vida normal”, afirma.