Unas diez mil personas podrán acceder en Galicia a la regularización de migrantes que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes, según las estimaciones de oenegés y asociaciones del tercer sector recogidas por Europa Press. El plazo de solicitud telemática se abrió ya el jueves y este próximo lunes lo hará de forma presencial, lo que hace prever grandes colas. Para utilizar este medio, será necesaria una cita previa, a solicitar en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los trámites se llevarán a cabo en las oficinas de la Seguridad Social y en algunas oficinas de Correos (371 en toda España).

Es precisamente esta última vía la que más preocupa a asociaciones del tercer sector y a sindicatos. Si bien el Gobierno apuntaba a que la idea era que la mayoría de los interesados realizasen los trámites telemáticamente, las barreras de idioma y acceso digital, entre otras, les hacen pensar que el lunes puede producirse un «colapso».

Puntos de apoyo

Correos ha habilitado oficinas repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 500.000 habitantes para prestar un servicio enmarcado como de «interés económico general». Participarán además, tal y como ha informado la empresa pública, 1.000 profesionales que han recibido un programa de formación y capacitación, «orientado a que las personas que participen cuenten con los conocimientos necesarios para realizar las gestiones». Según los sindicatos, esta formación se ha dado de un modo apresurado

La directriz es que los turnos sean de 20 minutos, puesto que los trabajadores son «meros tramitadores» de la solicitud, pero lo más previsible, según los sindicatos, es que se prolonguen más, porque los solicitantes tendrán dudas que «no se van a poder resolver». La CIG y CSIF coinciden en apuntar a Pontevedra (especialmente Vigo) y A Coruña como las ciudades con más presión y, donde además, la carga diaria ya es muy alta y las plantillas ya están diezmadas, «sin cobertura de bajas ni vacaciones», lo que aventura semanas complicadas.

En la ciudad herculina se han habilitado tres oficinas de Correos para los trámites (rúa Alcalde Manuel Casas, Rodrigo Alfredo de Santiago y la de la estación de tren), empatada con Santiago, con otras tres (rúa do Franco, García Prieto y Anxo Casal). Pontevedra ciudad contará con una preparada para recibir las solicitudes (rúa da Oliva), Vigo con otra (Praza de Compostela), y lo mismo ocurre con Lugo (rúa San Pedro) y Ourense (rúa Progreso).

Dudas con la documentación

El Foro Galego da Inmigración alerta del riesgo de abuso que puede suponer asumir que los interesados presentarán la documentación telemáticamente a través de entidades sociales o vía privada. «Para nosotros es un problema porque puede dar lugar a abusos. Se pueden cobrar cantidades importantes por una tramitación que en el fondo es sencilla», explican. En la misma línea se expresa el responsable de la ONG Accem en Galicia, Daniel Bóveda, que apunta también a la mayor dificultad para utilizar este sistema en las zonas rurales y a la falta de alfabetización digital de muchos de los interesados. La propia documentación a presentar es otra de las dudas más comunes. El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria: Encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Además, se debe acreditar que se carece de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Discrepancias políticas

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha hecho referencia a la «triple legitimidad» con la que cuenta esta regularización: social, política y económica. «Está apoyado por 900 asociaciones y cuenta con el respaldo de la Iglesia, además de un respaldo político mayoritario», ha señalado. Y es que en la esfera política, han sido muchas las voces que han criticado el decreto. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, calificó la regularización de «inhumana, insegura e insostenible», acusando al presidente, Pedro Sánchez, de regularizar migrantes «a granel, incluso con antecedentes penales o denuncias por abusos». Varias comunidades autónomas del PP, el mismo día de la aprobación del decreto, anunciaban que lo recurrirían ante los tribunales. Concretamente, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares estas dos últimas pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar. La Xunta de Galicia, por su parte, ha confirmado que no descarta utilizar esta vía, aunque no ha concretado nada todavía. Sí alegan que el texto está «mal concebido» desde el inicio, «fuera de la vía parlamentaria y sin escuchar a las comunidades».