Cuando hay situaciones como la actual, en la que se abre un proceso de regulación extraordinaria para personas migrantes, «siempre hay un perfil al que nosotros llamamos piratas que intenta aprovecharse», advierte la abogada especializada en derechos humanos y extranjería Loueila Mint el Mamy.

Hay «personas muy vulnerables, personas con discapacidad, personas migrantes que no conocen el idioma… y siempre hay personas que se pueden aprovechar de estas condiciones de vulnerabilidad para cobrar por citas o para decirle que le hacen el trámite y se quedan con el dinero y nunca les arreglan los papeles», advierte.

Precisamente este viernes el Ministerio de Migraciones aclaró que «ninguna» persona o entidad puede cobrar por el informe de vulnerabilidad para acceder a la regularización. «La descarga del modelo de solicitud del certificado de vulnerabilidad, así como su sellado y expedición, son gratuitas. Ninguna persona o entidad puede cobrar por este servicio», dijo la ministra, Elma Saiz.

Loueila Mint el Mamy pide «mucha prudencia» y que se aseguren de que, si van a utilizar los servicios de un profesional de la abogacía, sea real porque «hay mucho intrusismo».

La ciudadania saharaui

Por otro lado, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes obvia a la mayor parte del colectivo saharaui en Canarias por ser solicitantes de apatridia. «Dejarnos fuera de la regularización es un acto realmente injusto», señaló a este periódico el delegado del Frente Polisario en las islas, Alisalem Sidi Zein. Sin embargo, apunta la abogada Loueila Mint el Mamy, «en este caso, no creo que haya sido una decisión política, sino más bien jurídica».

La especialista explica que los saharauis y las saharauis que están en España han recibido esta noticia «con mucho dolor», algo que inserta en el hecho de que «siempre se ha politizado la causa del pueblo saharaui y se nos ha limitado y se nos ha discriminado». Mint el Mamy apunta a que, a diferencia de otros pueblos, «hay que tener en cuenta la historia colonial y la deuda histórica y moral que tiene España con el Sáhara Occidental».

«Llama la atención que a estas alturas del partido en cuestiones como estas se nos deje fuera», lamenta la abogada. Sin embargo, «desde este dolor y con este varapalo no creo que en este caso haya sido una decisión política, sino más bien jurídica, porque inicialmente en los tres borradores de este Real Decreto, y a los que tuvimos acceso tanto los juristas como las entidades con carácter previo al trámite de audiencia y por parte del movimiento Regularización Ya, se pretendía incluirlos».

Mint el Mamy se refiere en concreto a incluir en el proceso de regularización extraordinaria a las personas que solicitan el estatus de apátrida no tener patria, que es a los que se acoge el 93 % de las personas procedentes del Sáhara, explica. «Insisto, no creo que sea una cuestión política, sino jurídica, porque en todo momento en el borrador sí que estaba».

La abogada explica que con posterioridad el dictamen del Consejo de Estado recomendó que no se incluyeran ni a las personas apátridas ni a las que habían solicitado refugio. Tampoco se ha incluido en este procedimiento a las personas procedentes de Ucrania y con estancia temporal en España.

Sí se queja la experta jurista en que, en paralelo, lograr los documentos como apátrida tarda más de lo que inicialmente está previsto, lo mismo que señaló el portavoz del Frente Polisario en Canarias.

La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, en cambio, «lamenta y denuncia» la decisión del Gobierno de España de dejar fuera de este proceso a los solicitantes del estatuto de apátrida porque «supone, de forma implícita, dejar al margen a los y las saharauis que viven en España».

Solo en 2025, dice la asociación en un comunicado de prensa, 3.000 personas solicitaron en España el estatuto de apátrida, y de ellas «el 95 %» son saharauis.