Ocurrió en una fecha muy simbólica para el PP. Era el 10 de julio de 2024, aniversario del aciago día en que ETA comenzó el secuestro que desembocaría en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Alberto Núñez Feijóo se encontraba en Ermua, lugar de obligada peregrinación anual para los populares en homenaje a su concejal, erigido en emblema de los valores democráticos frente a la barbarie. No estaba previsto, pero el jefe de la oposición recorrió los pasos que separaban el monolito en memoria de Blanco del punto donde la prensa seguía el acto y recogió, doblándolo, el órdago que acababa de lanzarle Santiago Abascal a cuenta del reparto solidario entre las autonomías de 347 menores migrantes hacinados en Canarias.

El líder de la derecha radical había amenazado en aquellos días de julio con romper los acuerdos de Gobierno que mantenían con el PP –y que resultaron venenosos para las aspiraciones de Feijóo de llegar a La Moncloa tras las generales del 23 de julio de 2023– en Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón si sus socios se avenían, incluso desde una posición muy crítica con la política de extranjería de Sánchez, a la distribución de los niños y adolescentes en situación de desamparo. Feijóo puso pie en pared y devolvió el envite a Abascal: «Nosotros vamos a cumplir nuestras obligaciones y compromisos como partido de Estado». Vox había llegado a acusar al PP de amparar «robos, violaciones y machetazos» al cobijar a unos menores a los que la derecha radical quería deportar.

Tras lo que Génova describió como «una llave de judo» por la que Feijóo cogía impulso dando un volteo al desafío de su aliado-rival, los voxistas consumaron el farol y abandonaron los ejecutivos autonómicos para alborozo indisimulado de la dirección de los populares. Dos años después, tres elecciones regionales mediante –Extremadura, Aragón y Castilla y León, a la espera de las andaluzas del 17 de mayo– y una ‘Declaración de Murcia’ con la que fijaron hace ocho meses una posición en materia migratoria entre «el buenismo» del Gobierno y «la xenofobia» de Vox, Feijóo y los suyos han cerrado un pacto en la comunidad extremeña por el que Abascal vuelve al redil de las alianzas institucionales.

Pero a costa de una narrativa y unos compromisos reconocibles para Abascal y que, entre otras cosas, abogan por devolver a los menores con sus padres, restringir el amparo a los inmigrantes sin papeles a un socorro de subsistencia y concebir un modelo de acceso a la vivienda y otras ayudas bajo el principio de «la prioridad nacional», lo que para Isabel Díaz Ayuso coquetea con la ilegalidad y certifica el tránsito de su jefe de filas de las artes marciales con Vox a la apuesta por el matrimonio de conveniencia para desalojar a Sánchez.