Tras meses de incertidumbre se ha abierto el plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes, un proceso que en la provincia de Almería podría afectar a cerca de 25.000 personas según los datos estimados por las organizaciones sociales. Así, las colas kilométricas de ciudadanos extranjeros que buscaban desesperadamente renovar pasaportes o acreditar su identidad en el Consulado, requisitos indispensables para acceder al proceso, se trasladarán ahora a las Oficinas de Extranjería tras el acuerdo ‘in extremis’ que desconvocaba la huelga indefinida por parte de CC OO. Una negociación por la que el sindicato arrancó al Gobierno una mejora retributiva del 10% y el refuerzo del personal, en un pacto del que salió también un plan de choque para la apertura en horario especial de tarde en Almería.

Sin embargo, la polémica no es solo administrativa, porque aunque organizaciones agrarias han manifestado que esta regularización es una cuestión de supervivencia ante la falta de mano de obra y hay numerosas entidades sociales que defienden su necesidad, se ha convertido en un elemento de fuerte discrepancia política en la provincia, en plena precampaña electoral por las andaluzas del 17 de mayo. Mientras el Ejecutivo central defiende la medida como un acto de justicia social, plenarios como el de la Diputación de Almería mantienen su rechazo frontal, denunciando un «efecto llamada», tal y como hizo también hace un mes el Ayuntamiento de Roquetas. Desde el PP advierten del fraude de empadronamientos detectado en municipios como El Ejido y Vícar, pero el discurso repetido por Vox va más allá. «Los recursos y las ayudas primero para los andaluces», repitió el candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en su enésima visita a la localidad de El Ejido, que supera ya un 30% de población foránea. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, trató de calmar los ánimos tras reunirse este viernes con todos los agentes sociales y económicos implicados, confirmando que «la cita previa es obligatoria y gratuita» y habilitando el teléfono 060 y un portal específico para «frenar a los especuladores».

«Buscamos un proceso ordenado que responda a la realidad económica de Almería»

, subrayó, destacando que «el 25% de los cotizantes actuales en la provincia ya son extranjeros».

Asistieron al encuentro representantes de la Cámara de Comercio de Almería, Asempal, Coexphal, CC OO, UGT, Asaja, COAG, UPA, Cáritas, Cruz Roja, ACEMM, Almería Acoge, Fundación CEPAIM, Humanitarios Sin Frontera y Movimiento por la Paz; ante la importancia de lo que puede ocurrir los próximos dos meses con un proceso que ya se juega cada mañana en las aceras del Consulado y en los caminos de tierra del Poniente. En este sentido, «los empresarios no estamos en contra de la medida, pero pensamos que hay algunas cosas que se deberían complementar», valoró Jerónimo Parra, presidente de la Cámara almeriense. «Necesitamos que esta regularización se acompañe con formación en las empresas, porque para que ese trabajador aporte pueden pasar meses o incluso años y el 98% de las empresas de Almería son pequeñas, no tienen capacidad para enseñar lo necesario a estos ciudadanos». Sin duda, el mayor impacto estará en el sector agrícola, si bien «hay unos matices y condicionantes que no estaban previamente en el borrador de la regularización», explicó Antonio Moreno, secretario de organización de COAG en Almería. Aludía a «dos líneas de autorización con requisitos muy distintos» en el trámite, porque el proceso «no será tan sencillo para las personas que no gozan de protección internacional», ya que en el resto de los casos se hace necesaria una mayor documentación: «cinco meses de residencia, certificado de penales y el tema de certificados penales, documentación e incluso un precontrato de trabajo, para poder acceder a esta autorización».

Ventajas para ciudadanos extranjeros en situación de amparo en nuestro país, como los que se alojan provisionalmente en hoteles de El Ejido, algo denunciado también por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), porque «no tiene lógica que se cronifique el uso de instalaciones privadas para alojar a inmigrantes en una ciudad que ya soporta mucha presión migratoria, sin apoyo alguno a nuestros servicios públicos».

De esta forma, el reto ahora se traslada a los ayuntamientos y a los asentamientos, porque para los miles de trabajadores que viven entre plásticos, sin acceso a luz o certificado digital, el proceso es una carrera de obstáculos. El «muro invisible» que supone pedir un certificado de residencia a quien malvive, a veces, en asentamientos chabolistas en zonas de producción agrícola. «Es condenarlos a la exclusión», denuncian desde Almería Acoge, alertando sobre mafias que cobran hasta 600 euros por empadronamientos falsos. Su labor y la de las más de 150 ONG colaboradoras con población inmigrante en la provincia de Almería, será vital para que la brecha digital

no deje fuera a los más vulnerables.