Con el Gobierno socialista comunista hay que partir de la base de que su única prioridad es la supervivencia. Es una gestión a golpe de ocurrencias y gestos propagandísticos. Sánchez y sus socios están muy contentos con la regularización de inmigrantes que consideran una «bendición». La realidad es que es una chapuza inmensa y, una vez más, ha decidido hacerlo sin pasar por el Parlamento. Es una nueva muestra de su comportamiento como superhéroe de la paz y la democracia. Lo único que ha valorado, como su frívolo «no a la guerra», es que quedaría bien ante el desmovilizado electorado de izquierdas y a lo mejor pillaba algún voto entre los centenares de miles de inmigrantes que ha nacionalizado desde que llegó al Gobierno. El dato estadístico es demoledor, ya que hemos pasado de unos 65.000 al año a más de 200.000 en los últimos años. Hemos regresado al «papeles para todos», aunque es bueno recordar que el PSOE cosechó una derrota contundente en 2011.

Estoy convencido de que Sánchez tiene un panorama electoral muy oscuro. La próxima cita es Andalucía y todo indica que será una nueva derrota. La regularización masiva de inmigrantes se está caracterizando por la improvisación y un descontrol que está provocando largas colas y una enorme tensión. Es sorprendente que consideren una «oportunidad histórica» un caos y un desorden que confirma que este Ejecutivo, como se ha visto con Óscar Puente y las infraestructuras, está lleno de chapuceros e incompetentes. No hay que olvidar el gran apagón y otras brillantes actuaciones del sanchismo. El populismo es siempre un desastre, sin importar que sea de derechas o de izquierdas. Ha sido y es una inquietante enfermedad que asola las democracias. La armada mediática del régimen, que siempre está presta a aplaudir las ocurrencias del inquilino de La Moncloa, intenta presentar la regularización como un éxito, pero la realidad es que se trata de un desastre sin paliativos. Al final, será un gran coladero donde entrarán personas que se merezcan la regularización y otras que no, pero lo que confirma es la incapacidad gubernamental para gestionar con eficacia los problemas del país. No era una cuestión sencilla y se tendría que haber realizado por medio de una ley que se debatiera en el Congreso.

Francisco Marhuenda.

De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)