El riesgo de pobreza ha crecido en Euskadi, en especial por el aumento de inmigrantes. Así lo recoge la última encuesta sobre pobreza y desigualdad … y lo confirma el viceconsejero de Bienestar, el donostiarra Ivan Larraza, que apuesta por «incorporar a la comunidad a las personas extranjeras» para revertir estos datos.

– ¿Qué hace el viceconsejero de Bienestar del Gobierno Vasco?

– En estos momentos tenemos tres líneas estratégicas en las que trabajar. Primero está la reconceptualización del bienestar para generar una narrativa sobre lo que es el bienestar desde el punto de vista vasco. En segundo lugar está la innovación social, esto es, generar herramientas de financiación de esa innovación social y ayudar a proyectos tractores. Y la tercera línea sería la modificación de la ley de Servicios Sociales del año 2008.

– Entonces, la regulación y modificación de la ley de Servicios Sociales es una de sus competencias. ¿Cuándo se va a aprobar la actualización de esta norma?

– Acabamos de empezar con las labores previas necesarias para poder realizar la orden de inicio. Hemos redactado los principios y las modificaciones que queremos que queden recogidos en la nueva ley y los hemos contrastado a través de distintos grupos focales. La orden de inicio queremos que quede hecha antes de verano. El resto de plazos pueden dilatarse, pero el objetivo es que la ley esté antes de que acabe la legislatura.

– ¿Cómo se va a adaptar a la nueva realidad de la sociedad vasca, cada vez más envejecida?

– Vamos a poner a la persona en el centro, con itinerarios continuados de atención. También queremos poner en valor el enfoque comunitario. Ya se recoge en la anterior ley, por eso hablamos de una modificación de la ley y no de generar una nueva, pero sí queremos poner en valor ese enfoque. En tercer lugar, nos gustaría enfocarnos en la evaluación y en la innovación. Uno de los problemas con los que nos encontramos con la ley actual es que, aunque permite pilotos experimentales, les da dos años y no hay un cauce para consolidarlos y escalar. Buscamos crear esa flexibilidad que permita generar nuevos servicios. Actualmente, además, cuando hablamos del sistema vasco de servicios sociales hablamos del decreto de cartera, tal y como está redactada la ley. Pero la realidad es que este sistema debería incorporar muchos otros servicios que se están prestando por parte de las diputaciones y no están recogidos en el decreto de cartera. Por tanto, se puede decir que el enfoque actual de considerar el sistema vasco de servicios sociales puede ser limitante y no refleja la realidad, porque hay mucho más.

– Y en la práctica, ¿qué medidas más concretas va a recoger la modificación de la ley?

– Todavía estamos trabajando las ideas y cambios de enfoque. Tras el verano podremos tener el aterrizaje de medidas más concretas, que en cualquier caso hay que hacer con el resto de instituciones que son quienes tienen la competencia.

– ¿Y se han iniciado ya las conversaciones?

– Sí, han comenzado.

– Recientemente han lanzado el programa Altxor para orientar a mayores de 60 años tras jubilarse. ¿Qué acogida ha tenido?

– Es un programa piloto que se inició en octubre y se ha puesto en marcha para garantizar uno de los ejes de la estrategia de personas mayores, la búsqueda de la vida plena. Se veía una necesidad en personas recién jubiladas, que podía haber un vacío en cuanto a sentirse útiles. Desde Altxor se les quiere aportar oportunidades de voluntariado u otro tipo de experiencias para que puedan seguir sintiéndose útiles y tengan un propósito, que es base del bienestar. A cierre de febrero habían participado 460 personas en Gipuzkoa.

– ¿Se esperaban estas cifras?

– Es un piloto. No se planteó a cuántos usuarios podíamos aspirar. Ahora veremos si le damos continuidad al programa o si lo integramos a otros servicios. Lo importante es que Altxor cubre una necesidad que se estaba detectando en este colectivo y aporta a la sociedad, porque esas personas trabajan en proyectos que generan más comunidad y ayudan a su bienestar.

– ¿Euskadi es una comunidad inclusiva?

– Sí. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo. El capital social y relacional que tenemos en Euskadi es único y es algo a preservar y a seguir fortaleciendo.

– En las últimas semanas se ha sabido que ha aumentado la tasa de pobreza en Euskadi, entre otras cosas por el aumento de inmigrantes. Precisamente esta semana se ha iniciado el proceso de regularización extraordinaria. ¿Estos datos se pueden revertir?

– La tasa de riesgo de pobreza, efectivamente, ha subido dos puntos. Y se debe a dos factores, principalmente. Uno, el incremento muy elevado de la inflación entre 2022 y 2024 por la guerra de Ucrania, que no se tradujo inmediatamente en un incremento de los salarios. Dos, una llegada de personas cuyas condiciones o índice de vulnerabilidad es superior al de la población que residía previamente. En cualquier caso, es un dato de un momento concreto. Gracias, entre otras cosas, al escudo social que tenemos en Euskadi confiamos en poder revertir estos datos y que vuelvan a índices más bajos.

– Habla de escudo social, ¿pero qué se puede hacer para reducir el riesgo de pobreza?

– Principalmente, incorporar a la comunidad a esas personas extranjeras que han venido a residir a Euskadi. En la medida en que vayan pasando los años, mediante el empleo se van a ir incorporando y van a poder hacer su proyecto de vida y garantizar que en las futuras mediciones esas personas no tengan riesgo de pobreza.

– Los jóvenes también viven un momento complicado, entre otras cosas, por los problemas para independizarse por la carestía de la vivienda. ¿Le preocupa este colectivo?

– Por supuesto. Estamos destinando múltiples medidas para abordar las problemáticas de este colectivo, como, por ejemplo, el proyecto Biziabi, que busca una convivencia intergeneracional satisfaciendo dos necesidades: la soledad no deseada de los mayores y la dificultad para acceder a una vivienda de los jóvenes.

– ¿Y qué pasa con los más pequeños? Las familias con hijos son uno de los perfiles más vulnerables.

– Tenemos varias medidas destinadas a cubrir las necesidades de este colectivo, como la gratuidad de las haurreskolas.

– ¿Son suficientes estas medidas?

– Bueno, son medidas que vamos a seguir ampliando progresivamente. Es en lo que vamos a seguir trabajando.

– ¿Cuándo va a entrar en vigor la ampliación de la ayuda de los 200 euros hasta los 4 años?

– Esta primavera.

– ¿Se plantea poner en marcha alguna ayuda nueva?

– En estos momentos lo que queremos es seguir fortaleciendo las medidas existentes. En cualquier caso, siempre estamos abiertos a escuchar al tercer sector social.

– Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son una de esas ayudas ya existentes. Se ha detectado un alza de personas que las piden para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué lectura hacen de esto?

– A la espera de los datos de 2025, sabemos que las AES cubren a unas 55.790 personas en Euskadi, 7.141 en Gipuzkoa. El concepto principal sigue siendo el alquiler, en torno al 26%, aunque las necesidades primarias han tenido un incremento. El nuevo decreto y la nueva orden, que se publica mañana, garantiza poder destinar ese dinero desde comienzos de año a los ayuntamientos y agilizar la recepción de la prestación.