Durante los últimos años, el crecimiento de la población extranjera en España ha sido intenso y sostenido. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 España ha registrado una ola de inmigración más que significativa, con cientos de miles de personas incorporándose cada año. Solo en 2023 y 2024, el saldo neto superó las 600.000 personas anuales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de los mayores registros de la serie histórica.

A ese flujo se suma un aumento continuado de la población extranjera residente, que

ya supera los 9 millones de personas y cerca del 20% del total en 2025.

Además, el propio Gobierno ha reconocido que hay en torno a

840.000 inmigrantes en situación irregular

en España, una cifra que se ha multiplicado desde 2017.

Y, en paralelo, el Ejecutivo ha puesto en marcha

el mayor proceso de regularización en décadas,

con la previsión de

otorgar permisos a más de 500.000 personas.

Incluso algunas estimaciones oficiales apuntan a que el conjunto de reformas migratorias

podría afectar a cerca de 900.000 extranjeros

en pocos años.

Con estas cifras sobre la mesa, cabría esperar un impacto claro en el sistema de pensiones. Más población, más trabajadores y, en consecuencia, más cotizantes. Sin embargo, los datos muestran que

ese efecto no se ha producido en la magnitud esperada.

La

ratio de empleados por pensionista,

uno de los indicadores clave para medir la salud del sistema, muestra que

España no ha conseguido recuperar los niveles

alcanzados en la

anterior gran ola migratoria.

En

2007,

en pleno auge económico, el país llegó a tener

2,47 cotizantes por cada pensionista. En

2025

, tras años de intensa llegada de inmigrantes , esa cifra apenas alcanza

2,13. Es decir, sigue significativamente por debajo de aquel máximo.

Así, pese al

aumento de la población activa, el sistema continúa debilitándose

en términos estructurales. Y la explicación no está solo en la demografía, sino en la

calidad del empleo

que genera la economía española.

El principal problema del sistema no es únicamente cuántas personas hay en edad de trabajar, sino cuántas de ellas realmente trabajan y cotizan de forma efectiva, según refleja el informe “El día D de las pensiones” de la Universidad de las Hespérides. En este sentido, España presenta una anomalía persistente:

tiene mucha más población en edad laboral de la que logra emplear.

Actualmente hay alrededor de

3,3 personas en edad de trabajar por pensionista

, pero solo unas 2,3 están efectivamente ocupadas.

Esa brecha es clave para entender por qué la inmigración ya no tiene el mismo impacto que en el pasado.

Durante los años previos a la crisis financiera, la llegada masiva de inmigrantes coincidió con un ciclo económico expansivo que absorbía mano de obra de forma intensiva. Sectores como la construcción, la hostelería o los servicios generaban empleo rápidamente, permitiendo que la población extranjera se integrara en el mercado laboral con facilidad. El resultado fue un aumento notable de la ratio de cotizantes, que alcanzó su máximo histórico en 2007.

Pero aquel modelo tenía pies de barro. Como señala el informe, el crecimiento económico de esas décadas estuvo impulsado en gran medida por factores demográficos – el llamado “bono demográfico” – más que por mejoras reales en la productividad. Cuando ese ciclo se agotó, también lo hizo la capacidad del mercado laboral para absorber empleo de calidad.

La situación actual es distinta. Aunque España vuelve a recibir un volumen significativo de inmigrantes , el contexto económico y laboral ha cambiado. El mercado de trabajo sigue mostrando altos niveles de

desempleo estructural, temporalidad y bajos salarios. Esto limita la capacidad de los nuevos trabajadores para

contribuir de forma sostenida

al sistema de pensiones.

En otras palabras, no basta con que lleguen más personas: es necesario que trabajen, y que lo hagan en condiciones que generen cotizaciones suficientes.

Los datos de la serie histórica refuerzan esta idea. Tras el desplome posterior a la crisis de 2008 – cuando la ratio cayó hasta 1,87 en 2013 – , la recuperación ha sido lenta y parcial. En la última década, el indicador se ha estabilizado ligeramente por encima de 2, pero sin acercarse al pico previo. Ni siquiera en los años recientes, con una fuerte entrada de inmigración, se ha logrado superar de forma clara ese umbral.

La

inmigración actual no tiene el mismo perfil

ni el mismo impacto económico que la de principios de siglo. Una parte importante se concentra en

empleos de baja productividad

, con salarios reducidos y cotizaciones limitadas. Otra parte se enfrenta directamente a barreras de acceso al empleo formal.

El resultado es lo que algunos analistas ya describen como una

“inmigración precaria”

: una fuerza laboral que aumenta las cifras de población, pero que no logra traducirse en una mejora proporcional de los ingresos del sistema.

Este fenómeno se produce, además, en un momento especialmente delicado. España ha entrado en lo que el informe denomina 2invierno demográfico", marcado por la jubilación progresiva de la generación del “baby boom”. Este proceso incrementará de forma sostenida el número de pensionistas durante las próximas décadas, elevando la presión sobre el sistema.

La combinación es preocupante: más jubilados, pero sin un aumento equivalente de cotizantes.

A ello se suma otro factor crítico: el nivel de gasto. A pesar de tener menos pensionistas que otros países europeos,

España ya destina un porcentaje del PIB a pensiones superior a la media. Esto se explica por la

elevada cuantía de las prestacione

s, lo que incrementa aún más la necesidad de ingresos por cotizaciones.