Junts per Catalunya ha alertado este viernes de que el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central está provocando, a su juicio, un “grave colapso” de los servicios municipales en Cataluña, al tiempo que ha denunciado que el catalán ha quedado excluido como requisito para obtener la residencia. En un comunicado, la formación sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado nuevamente por un decreto ley que “no se ha podido ni enmendar ni votar” en el Congreso, y que traslada a los ayuntamientos la gestión de un proceso que consideran que no va acompañado de la financiación ni de la capacidad administrativa necesarias.

Según Junts, los consistorios se encuentran “desbordados” ante una regularización que, aseguran, externaliza los problemas hacia la administración local sin dotarla de herramientas suficientes para abordarlos con garantías. Así, ponen el foco en que se está sobrecargando a los ayuntamientos, que no tienen los suficientes recursos como para hacer frente a la situación.

En paralelo, el partido denuncia que el decreto ha sido modificado de forma que el catalán deja de ser un requisito para adquirir la residencia. En este sentido, subraya que la lengua solo aparece en un informe de arraigo opcional y en casos concretos, lo que implica que, incluso en esta vía excepcional, las personas que ya trabajan en Cataluña no tienen que acreditar ningún conocimiento del idioma. Además, critica que ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estén disponibles en catalán, lo que, a su juicio, evidencia una falta de consideración hacia una lengua cooficial.

Los posconvergentes también han dirigido sus críticas contra el Govern de Salvador Illa, recordando que anunció la intención de convertir el catalán en un requisito para renovar la residencia al cabo de un año en el marco de esta regularización extraordinaria. Sin embargo, denuncian que esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el BOE. “Una vez más, el Govern ha engañado a los catalanes”, sostienen desde Junts, que consideran que la política lingüística del Ejecutivo catalán es “una pura fachada” y que acuerdos como el Pacte Nacional per la Llengua quedan en “papel mojado”.

Ante esta situación, el partido ha anunciado que impulsará iniciativas en todas las cámaras donde tiene representación con el objetivo de “corregir” estos aspectos del decreto. Asimismo, ha encargado a su departamento jurídico la preparación de una denuncia ante las instituciones europeas por la posible vulneración de directivas comunitarias y por la “marginación” del catalán como criterio de integración.