El acuerdo de gobierno firmado por

PP y Vox en Extremadura

recoge un paquete amplio de medidas —entre 61 y 74, según las versiones difundidas— que abarca energía, inmigración, vivienda, fiscalidad y políticas sociales.

El documento, de

23 páginas

, establece un Ejecutivo de coalición “único” y estable durante toda la legislatura, con Vox asumiendo una

vicepresidencia

y dos consejerías.

Uno de los ejes centrales del pacto es la

energía nuclear. Ambas formaciones se comprometen a

blindar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz

, considerada estratégica para la región. El acuerdo prevé la

eliminación progresiva de la ecotasa autonómica

que grava su producción, con una reducción del 30% anual hasta su desaparición total antes del

1 de enero de 2027.

Además, el 50% de la recaudación restante se destinará a un fondo para desarrollo socioeconómico, infraestructuras, empleo y vivienda en el entorno de la central.

En materia de

inmigración

, el pacto incorpora algunas de las medidas más contundentes. PP y Vox acuerdan un

rechazo frontal

a la política migratoria del Gobierno central y se oponen a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes irregulares, tanto adultos como menores.

Un pacto de 23 páginas que redefine la agenda autonómica con cambios en energía, inmigración, vivienda y símbolos culturales

El documento incluye el compromiso de

retornar a los menores extranjeros no acompañados (menas)

a sus países de origen “siempre que sea posible”, mediante acuerdos bilaterales que agilicen repatriaciones.

También se limitarán al mínimo legal los gastos vinculados a inmigración irregular y se suprimirán las subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”.

Una de las medidas más llamativas es la

prohibición del uso del burka y el niqab

,y cualquier prenda que oculte completamente el rostro, en

espacios, edificios y servicios públicos autonómicos

, alegando motivos de seguridad e identificación.

El pacto también elimina el

Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí

en centros educativos de Primaria y Secundaria a partir de 2026.

En el ámbito de la

vivienda

, el acuerdo introduce el principio de

“prioridad nacional”

para el acceso a vivienda protegida, una de las líneas estratégicas de Vox que el PP asume en el documento.

También se prevé reforzar el control del padrón para evitar empadronamientos ficticios y combatir la ocupación ilegal.

El pacto incluye además una

rebaja masiva de impuestos

, un incremento de

500 millones de euros

en sanidad, la contratación de

1.500 profesionales

, la construcción de

3.500 viviendas protegidas

y un plan de impulso industrial con liberalización de suelo y reducción de trabas administrativas.

En conjunto, el acuerdo supone una reorientación profunda de las políticas autonómicas en energía, inmigración, educación y fiscalidad, con medidas que deberán aplicarse en su mayoría a lo largo de

2026

, según los plazos fijados en el documento.