El Gobierno está en guerra ideológica con el PP y con Vox y, por eso, ha amenazado este viernes el

acuerdo de investidura en Extremadura.

Moncloa ha advertido de que optará por la vía judicial como respuesta política

en caso de alguno de los puntos del pacto sea “lesivo”.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido a ambos partidos de que el Ejecutivo no se limitará a observar, sino que actuará en plena campaña electoral andaluza.

Bolaños ha dicho que

el Ejecutivo estará “muy vigilante”

ante el desarrollo de un pacto que ha calificado como “ultra” y que, a su juicio, ha traspasado líneas rojas en materia de derechos y memoria democrática.

La advertencia no se ha quedado en lo retórico.

El ministro ha dejado claro que el Gobierno judicializará cualquier medida que considere lesiva

: “Vamos a llevar a los tribunales y, en particular al Tribunal Constitucional, todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos”.

Bolaños ha puesto como ejemplo la intención de declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, una iniciativa que ha considerado “absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022”. Y ha rematado el mensaje con una idea que Moncloa quiere fijar en el debate:

el Ejecutivo se ha reivindicado como dique frente a cualquier retroceso.

“Iremos a los tribunales ordinarios y también al

Tribunal Constitucional

cuando sea necesario”, ha subrayado, antes de presentarse como la “garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria”.

Lo cierto es que el Gobierno ha optado por deslegitimar de raíz el acuerdo sellado en Extremadura entre PP y Vox. Lo da por inservible. Poco antes que Bolaños, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha despachado el pacto como “papel mojado” y ha lanzado otra advertencia: “Quien piense en incumplir la ley, ya sabe cuáles son las consecuencias”.

Otro mensaje preventivo. En Moncloa interpretan que medidas como el rechazo a acoger a menores migrantes no acompañados o la promoción de su repatriación no son una línea roja más, sino un choque directo con el marco legal vigente.

El acuerdo, que también incorpora la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, ha encendido a la izquierda, que ha pasado del reproche a la enmienda a la totalidad.

En el PSOE sostienen que el diseño del pacto “se ha decidido en Madrid”

y que ese es el verdadero modelo territorial del PP: un “autonomismo” subordinado y “abrazado a la ultraderecha, que quiere desmontar el sistema autonómico que ellos mismos dicen defender”.

En Ferraz elevan además el tiro y sitúan el foco en el eje europeo: “Quienes ganan son los socios de Orban”, deslizan, en referencia tanto al dirigente húngaro como a Vox. Y rematan con una lectura más prosaica del acuerdo: “evidentemente, era un problema de sillones”, que ha requerido casi cuatro meses de negociación entre los equipos de María Guardiola y Óscar Fernández para cristalizar en un pacto de coalición.