Cuatro meses y muchos altibajos después, el PP y Vox hicieron público este jueves el acuerdo de investidura de Extremadura. Condenados a entenderse desde … que las urnas cerraron el 21 de diciembre, los dos partidos han tenido que superar las enormes reticencias iniciales para acabar llegando a un pacto que, como dice su preámbulo, se sustentará en la «lealtad» y en la «mutua confianza», pero también en la «proporcionalidad», tomada aquí como la renuncia de las dos formaciones a sus programas máximos.

Vox tenía algunas líneas rojas que el PP ha aceptado con pocos matices: una crítica acerva al Pacto Verde de Bruselas y al «fanatismo ecologista», que la Junta frenará en Extremadura en la medida de sus competencias; un rechazo a la inmigración ilegal, que en el pacto se concreta en el rechazo al reparto de menores no acompañados y en la devolución a sus familias de aquellos que tengan padres conocidos; una reducción de impuestos, también conseguida; y una disminución de las ayudas a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y en general, a cualquier entidad «que no acredite de forma objetiva una utilidad pública efectiva». Todo esto está en las 23 páginas del pacto y permite a Vox presumir ante sus electores de que sus votos no caen en saco roto.

Ocurre lo mismo con el espíritu ‘los españoles primero’ que inspira otros puntos importantes del texto: en sanidad, en vivienda, en educación, hasta en el origen de los alimentos que se consumirán en los comedores escolares, todo el pacto rezuma un aroma de «prioridad nacional» que tiene la firma indiscutible de Vox.

Pese a ello, la presidenta de la Junta de Extremadura todavía en funciones, María Guardiola, ha logrado establecer algunos límites, en asuntos de perfil más social irrenunciables para ella, que el acuerdo no rebasa. Por ejemplo, el texto no cita en ningún momento el feminismo, lo que hace suponer que Guardiola ha logrado mantenerlo fuera del intento de Vox de poner en cuestión las medidas destinadas a favorecer a las mujeres. Tampoco se utilizan en el documento expresiones relacionadas con el aborto, lo que apunta a que el nuevo Gobierno no limitará este derecho, que apoya la presidenta. Y nada dice el pacto sobre el colectivo LGTBI, otro caballo de batalla de Vox que queda fuera del contenido.

Y sobre todo, el mayor logro del PP consiste en haber metido en vereda a Vox, un partido que ha crecido con sus mensajes antisistema y sin someterse al desgaste de los partidos que gestionan. De hecho, el pacto sella el compromiso de que el nuevo Ejecutivo tendrá presupuestos anuales, un punto clave, ya que las elecciones se adelantaron en Extremadura precisamente porque Vox no apoyó las últimas cuentas autonómicas. A partir de ahora, la formación de Santiago Abascal deberá asumir los riesgos que conlleva la gestión del día a día.

«No es todo lo que queríamos, pero hay que llegar a acuerdos», aseguraban el jueves por la noche en Vox, y algo similar piensan en el PP. Extremadura era, probablemente, la comunidad donde más difícil parecía llegar a un pacto que, sin embargo, una vez conseguido, marca el camino para lo que puede suceder en Aragón y Castilla y León.