El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura anunciado este jueves a última hora de la tarde ha despertado las críticas por parte … del Ejecutivo central, con uno de los focos en el pacto relativo a la acogida de menores extranjeros no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido a ambas formaciones de que, al ser una medida aprobada en el Congreso – y que está previsto que se prorrogue a través del Consejo de Ministros en las próximas semanas – , están obligados a cumplirlo, por que califica la alianza entre ambas formaciones de «papel mojado».

La ministra ha mandado un mensaje a los dos partidos que liderarán el Ejecutivo regional a través de redes sociales. Les ha avisado de que no podrán cumplir con los puntos sobre menores migrantes de su pacto «racista» en Extremadura puesto que el reparto de estos jóvenes, desde los territorios más tensionados, está blindado a través de un real decreto, por lo que desobedecer las directrices del Gobierno implicaría «incumplir la ley». «Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado», ha espetado Rego.

Sobre ello, la líder de Juventud e Infancia ha agregado que la legislación contempla una «acogida digna» y, así como «la han cumplido todos los territorios» hasta ahora, las autonomías «van a seguir haciéndolo». Por eso, ha advertido de que «quien piense en incumplir la ley, ya sabe cuáles son las consecuencias».

El acuerdo entre la líder de los ‘populares’ en Extremadura, María Guardiola, y el del partido de la derecha radical, Óscar Fernández, recoge un punto específico relativo a inmigración, uno de los principios irrenunciables de Vox. El pacto recoge un «rechazo frontal a la política» del Gobierno. Y en este sentido, advierten de que se opondrán «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad».

El texto firmado entre ambas formaciones refleja también que no van a participar en «reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura» desde el primer día en el que se haya consolidado el Gobierno regional. Asimismo, al margen de la asistencia a estos jóvenes extranjeros, han establecido que prevén «extremar la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales», añadiendo que «se dotarán los recursos necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público». También se han puesto como prioridad «trabajar activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen» a través de acuerdos con terceros países, queriendo dar los primeros pasos en este asunto antes de que termine este año.

Sin embargo, las palabras de Rego dan a entender que esta oposición al reparto de migrantes menores de edad, que busca reducir la tensión que sufren sobre todo las comunidades que sirven de entrada para estas personas, no podrá ponerse en marcha dado o que, en caso de oponerse, sufrirán consecuencias legales. Políticamente pueden enfrentarse a la norma, sin embargo, el incumplimiento de una ley orgánica conlleva sanciones económicas y multas de responsabilidad penal y civil, de daños, etcétera. Es decir, se podrían enfrentar a consecuencias en los tribunales.