Partido Popular y Vox tienen un acuerdo en Extremadura. María Guardiola será, la próxima semana, nuevamente, investida presidenta de la Junta. Los de Abascal le darán su necesario apoyo tras casi cuatro meses de largas negociaciones, muchas idas y venidas y un acuerdo final con decenas de medidas donde Bambú ha dejado clara su influencia.

En el documento que ambos partidos han compartido públicamente con los medios de comunicación, un texto de más de 20 páginas, se recoge el cómo, el cuánto y el cuándo de decenas de medidas que se engloban en diez apartados, cada uno con su peso específico.
Uno de los más llamativos, por motivos evidentes, es el de inmigración. El pacto refleja actuaciones muy claras en este sentido, como el compromiso firme de la Junta de Extremadura a rechazar la política del Gobierno de España sobre los menores extranjeros no acompañados. Se asegura en el documento que no habrá «ni una plaza más», además de que el ejecutivo autonómico adoptará el nuevo Reglamento Europeo de Retornos.

Más punto en el apartado de inmigración: endurecimiento del régimen disciplinario extremando la seguridad dentro y fuera de los centros de acogida, supresión de subvenciones a asociaciones que «favorezcan la inmigración ilegal», auditoría de todos los gastos vinculados a inmigración, verificación de edad de los migrantes ilegales o modificación del padrón municipal para «combatir el fraude y la ocupación ilegal».

El acuerdo también incluye la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos, siempre, se dice, en el ámbito de las competencias de la Junta de Extremadura, o la supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Luego, si bien la influencia de Vox es clara en la cuestión migratoria, no lo es tanto, por ejemplo, en materia de Igualdad. Más allá de lo que se dice, precisamente, en el apartado que hace referencia a la prohibición del uso del burka, el documento no apunta a cuestiones de género ni LGTBI, que eran una clara línea roja para María Guardiola y eje de su discurso político.

Los dos partidos coinciden en lo que tiene que ver con el sector primario, cuyas competencias estarán ahora bajo los mandos de Vox, que asume la consejería de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural. Acuerdan blindar al campo extremeño frente las imposiciones de la Agenda 2030: «Este Gobierno se compromete a no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente económica, política y jurídicamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde. Asimismo, manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños», reza el documento.

El pacto también incluye medidas sobre las que venía informando ABC, como el blindaje de la central nuclear de Almaraz, una amplia bajada de impuestos, la lucha contra la ocupación ilegal, el fomento de la natalidad o la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas.