Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Baleares… Las comunidades gobernadas por el PP han anunciado una ofensiva contra el Gobierno por la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada el martes tras el Consejo de Ministros. En plena ola de recriminaciones entre el Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, los dirigentes autonómicos han informado de que acudirán a los tribunales para solicitar la suspensión cautelar de la medida con la que, según las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de medio millón de personas conseguirán los papeles para residir de manera legal.

Todas las comunidades encabezadas por el PP han criticado la medida, que denuncian que «colapsará» el sistema de servicios públicos y critican que se haya hecho «de espaldas» a los gobiernos autonómicos. Casi todos los territorios de los ‘populares’, a excepción de Andalucía, Extremadura y La Rioja, han anunciado ya que recurrirán al Tribunal Supremo esta regularización extraordinaria. La primera en saltar al campo de batalla, ya semanas antes de que el Consejo de Ministros presentase la medida, fue la presidenta en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos», declaró.

Y aunque la posición de Ayuso sigue siendo de oposición a La Moncloa, ha arremetido también, en el pleno de la Asamblea de Madrid, contra los diputados de Vox, a los que ha echado en cara que traten a los migrantes «como escoria» por sembrar sobre ellos «sospechas, inquietud y culpabilidad». En un intento por marcar distancia con el partido de la derecha radical, a los que ha tildado de comportarse como «socialistas de derechas» , la mandataria madrileña ha asegurado que ella defiende «la ley y el orden», por lo que ha reivindicado la importancia de «la organización para saber quién viene, de qué sitios, qué problemas trae, cómo se puede integrar o no».

A ella se han sumado otros líderes autonómicos, como la presidenta de Baleares, que considera que este recurso ante el Supremo servirá de «llamada de atención» al Gobierno de Pedro Sánchez, o los líderes de Aragón, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Un día más tarde, se unió a esta denuncia el Ejecutivo de Cantabria, que critica que esta regularización, la séptima que se hace en democracia, va a «favorecer la quiebra de la convivencia, el efecto llamada y el negocio para las mafias». Por parte, en Galicia todavía no han confirmado si finalmente acudirán a la Justicia, aunque sus servicios jurídicos encuentran estudiando la posibilidad de hacerlo, ya que consideran que es una política que «nace mal concebida, fuera de la vía parlamentaria y sin escuchar a las comunidades autónomas». Un argumento que también sostienen desde Castilla y León, la última región en comunicar que irán a los tribunales.

Por su parte, Andalucía, a las puertas del inicio de campaña electoral, no se ha pronunciado al respecto. Sí que ha criticado la medida, pero ha rehusado a detallar si seguirá el mismo camino que el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP. El miércoles, tras la Junta de Gobierno, defendieron que no están «en eso» y dijeron que «cualquier posicionamiento» que hagan «en este momento va a contribuir a la división y a la polarización», que es algo en lo que no quiere «entrar». Frente a esto, el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha calificado la actitud del actual presidente regional, Juanma Moreno, de «hipocresía electoral», ya que considera que no quiere confrontar judicialmente con Sánchez para evitar un posible castigo entre su electorado el próximo 17 de mayo.

Sánchez recibe a algunos beneficiados
Mientras desde el PP despliegan su ofensiva contra el real decreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sacando pecho por la medida. Se ha reunido este jueves con un grupo de personas migrantes regularizadas en procesos anteriores y con representantes de institucionales y organizaciones que trabajan en el ámbito migratorio o han tomado parte en el actual proceso de regularización, a los que ha agradecido su labor para hacer posible la que ha calificado como «regularización histórica».

El jefe del Ejecutivo ha señalado, también, que el «éxito» de esta «conquista colectiva» dependerá de cómo se desempeñe el proceso y de la manera en que estas personas se integren, así como la capacidad de la sociedad de acogerles.