Las Palmas de Gran Canaria

En una semana marcada por la continuidad en la llegada masiva de inmigrantes irregulares, la creciente tensión política derivada de ese fenómeno y la aparición de un barco repleto de asiáticos que se suman a los subsaharianos que ocupan los cayucos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha ofrecido al principal partido de la oposición y al resto de fuerzas con presencia parlamentaria la firma de un gran pacto nacional sobre inmigración. Fruto de ese acuerdo, se modificaría por enésima vez la Ley de Extranjería y se dejaría constancia expresa de que no se producirían más procesos de regularización extraordinarios, como avanzó también esta semana el secretario de Organización del Partido Socialista, José Blanco.

La primera reacción del PP ha sido desmarcarse de dicha oferta argumentando que llega tarde y mal y que, en todo caso, ha de venir precedida del reconocimiento del error que supuso la última regularización. Si bien los populares tienen razón en lo primero, su negativa frontal demuestra que la inmigración irregular está siendo afrontada como una pieza más en el tablero electoral en el que ya está inmersa España a nueve meses de las elecciones locales. En cuanto al Gobierno y al PSOE, sorprende que, por un lado, ofrezca un talante conciliador con el PP en materia inmigratoria y, por otro, sea incapaz de entenderse con Coalición Canaria, con quien presume de una excelente colaboración en Madrid y a quien el PSOE mantiene en el poder en el Archipiélago, y con quien pacta incluso un documento de tanta relevancia como la reforma del Estatuto.

La gravedad del fenómeno inmigratorio hace preciso ese acuerdo marco entre las dos fuerzas mayoritarias, sobre las que pivota la gobernabilidad del Estado y, por tanto, las decisiones para encarar dicho problema. No es de recibo que la política de extranjería se modifique cada vez que alguien entra en La Moncloa, pues las decisiones que hoy se tomen, determinan las oleadas de pateras, cayucos o barcos negreros que puedan llegar mañana.

En paralelo, sólo desde la unidad política en España se está en condiciones de reclamar la colaboración de la Unión Europea. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo ha de buscar un acuerdo con el PP; también está obligado a entenderse con sus socios comunitarios, que hasta la fecha han respondido con lentitud, insolidaridad y pereza ante el drama humano de los inmigrantes y el problema de seguridad y asistencia social para España como país receptor.

Sólo desde esa unidad interna y desde esa fortaleza en materia de política exterior, España se ganará el respeto de países que, como Senegal, aprovechan nuestras debilidades para hacer dejación de sus responsabilidades o, en último caso, vender muy cara su implicación.