Ayer jueves comenzó el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada hace dos días por el Consejo de Ministros. Mediante un real decreto, el Gobierno espera que más de 500.000 extranjeros que se encuentran en España en situación irregular puedan solucionarlo y entren en el sistema, coticen a la Seguridad Social, paguen impuestos y tengan derechos y obligaciones.

Pero esta ley no le gusta a todo el mundo. Por eso la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso —para que el poder judicial determine si el decreto es justo según las principales leyes españolas— y pidió su suspensión cautelarísima, porque considera que se dan circunstancias de especial urgencia para que no entre en vigor. Eso significa que quiere que se detenga la aplicación de la ley de forma inmediata y sin escuchar a la otra parte, para evitar las consecuencias no deseables que podría tener. El Tribunal Supremo desestimó la petición y acordó tramitar el recurso presentado por dicha asociación según el procedimiento ordinario, lo que le da al Gobierno un plazo de diez días para presentar alegaciones al recurso. Los jueces consideran que el real decreto recoge procedimientos administrativos que evitan el riesgo real de que se puedan derivar situaciones irreversibles.

Es un asunto complicado, es cierto, pero que nos incumbe a todos. Hay que intentar entender de qué van las colas que se están formando en todas las ciudades españolas con este motivo.