El presidente del Gobierno no parece dispuesto a cambiar en absoluto el fundamento de lo que ha sido hasta el presente su acción política, la pulsión divisiva que procura el cierre de filas necesario para mantener, aunque sea al mínimo, su base electoral. No es posible explicar de otra forma el temerario planteamiento de la nueva regularización extraordinaria de extranjeros, que no sólo se hace por la vía del decreto – ley, es decir, sin la convalidación del Parlamento pese a tratarse de un asunto con profundas consecuencias, sino que ignora cualquier razonamiento de autoridad, como el del Consejo de Estado, sustituido por el habitual coro gubernamental de insultantes, con los epítetos de racismo, xenofobia y clasismo como su argumentario. Se nos hace evidente que el debate sobre una medida que toca de lleno ámbitos tan sensibles como la seguridad pública, los servicios sociales, la evolución del mercado laboral, la educación y, sobre todo, las condiciones de vida de los supuestos beneficiados por la norma carece de la menor importancia ante los presuntos beneficios políticos y electorales que el Gobierno atribuye al fomento del enfrentamiento ideológico y al mantenimiento de un estado de tensión entre la ciudadanía. Así, cualquier advertencia por ponderada que sea, como la que ha hecho Núñez Feijóo; cualquier llamamiento a una mínima prudencia ante una decisión que va a condicionar los flujos migratorios en buena parte de Europa, como la de Bruselas, es despachada displicentemente, en una muestra de arrogancia y temeridad política con pocos precedentes en las democracias occidentales. No se trata de rechazar per se una regularización que, en ciertos casos, se antoja no sólo necesaria, sino conveniente, porque el problema es la falta de estudio y concreción de esos casos, sustituida por un cajón de sastre normativo que involucra a distintos ministerios y administraciones, pero sin la menor colaboración ni adecuación de los medios precisos para gestionar el procedimiento. Las normas tasadas y fundamentadas que garantizan la eficacia, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales brillan por su ausencia en la improvisación del real decreto. Por no haber, ni siquiera se ha dignado el Gobierno en preparar una memoria económica de lo que puede suponer la incorporación de casi un millón de extranjeros, sin contar los que lleguen próximamente tras las previsibles demandas de reagrupación familiar, sobre el nivel de los salarios más bajos; el coste en ayudas sociales a unos trabajadores que, por sus características, no tienen ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas, especialmente, la vivienda; la sobredemanda de servicios esenciales, como la sanidad, y, todo hay que decirlo, la potenciación de medidas de integración que reduzcan al mínimo los problemas inherentes a la inadaptación social y cultural. Política temeraria que no se blanquea esparciendo estigmas de racismo.