La política de subvenciones de la Generalitat en el ámbito migratorio suele ser munición política para los críticos. En este caso, fue el secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, quien reprochó al ejecutivo catalán la gestión de las subvenciones. En el centro de la polémica, una red de más de 1.300 entidades que reciben, según denunció el partido, más de 8 millones de euros en ayudas públicas destinadas a proyectos relacionados con la inmigración.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, llevó la cuestión a la sesión de control, donde acusó al Govern de destinar “millones de euros” a asociaciones vinculadas a la inmigración mientras, a su juicio, “miles de familias catalanas no llegan a final de mes”. Durante su intervención, Garriga aseguró que estas ayudas financian actividades en el ámbito de las migraciones y citó ejemplos de entidades beneficiarias como la Asociación de Residentes Trapecianos y Chimbotanos en Barcelona, la Asociación Barcelona Muslim Center, la Asociación Bolivianas Palante o la Asociación Cannábica Alhambra Moon.

En su crítica, el dirigente de Vox fue más allá y acusó al Govern de utilizar recursos públicos para “promover la inmigración masiva” y “imponer culturas extranjeras”, vinculando además estas políticas a problemas como la saturación de servicios públicos, las dificultades de acceso a la vivienda o las listas de espera sanitarias. También situó el foco en el contexto socioeconómico, señalando que “un 25% de las familias catalanas se encuentra en riesgo de exclusión social”.

Garriga se remite a una convocatoria de ayudas por parte de la Direcció General de Migracions i Refugi, dependiente del Departament d’Igualtat i Feminisme. Según la propia administración, el objetivo es financiar proyectos de entidades sociales que trabajen en la acogida, la inclusión y la mejora de las condiciones de vida de inmigrantes o refugiados. El programa de ayudas se estructura en varias líneas de actuación con dotaciones específicas. Entre ellas destacan las acciones para fomentar el aprendizaje del catalán y la acogida (más de 600.000 euros), los programas para promover la igualdad de derechos y combatir el racismo estructural (más de 2,5 millones), o las iniciativas destinadas a luchar contra la irregularidad administrativa y la explotación laboral (más de 2,2 millones).

También se incluyen partidas para facilitar la participación comunitaria de las personas inmigrantes , impulsar su incidencia social y política, y reforzar la atención a refugiados y solicitantes de protección internacional, con más de 1,6 millones de euros destinados a este último ámbito.

La red de entidades beneficiarias es amplia y diversa, e incluye asociaciones culturales, sociales y comunitarias de distintos orígenes, como la Asociación Cultural Argelinos en España, la Asociación Cultural Alma Peruana, la Asociación Cultural Bolivianos de Corazón en Granollers, la Asociación Cultural Casa El Salvador en Barcelona o la Asociación Cultural de Ciudadanos de Gambia en Lleida, entre muchas otras.