El primer día del periodo para presentar solicitudes para la regularización de migrantes en todo el país es también el de la primera polémica en Extremadura a cuenta de la medida adoptada el pasado martes. Se prevé que en la región puedan beneficiarse de este procedimiento administrativo solo unas 3.000 personas extranjeras, pero la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada ha advertido de que con ello se puede producir un previsible aumento de la presión asistencial en el sistema sanitario. En concreto, García Espada ha asegurado que la medida supondrá un “impacto” en el Servicio Extremeño de Salud (SES) que ha justificado en el incremento del número de usuarios. La consejera en funciones considera que el cambio no radicará en la atención urgente, garantizada hasta ahora, sino en el acceso a tratamientos y cirugías no urgentes. “Ni en Extremadura ni en ninguna parte de España fallece nadie por una urgencia no atendida”, ha señalado la titular de sanidad, asegurando que el sistema ya ha respondido a las emergencias de las personas migrantes sin regularizar. Sin embargo, la regularización en marcha implicará, en sus palabras, “un cambio de paradigma”, al poder acceder ahora a prestaciones completas del sistema sanitario público, incluidas intervenciones.Las declaraciones han encontrado respuesta por parte del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha calificado de “poco humanas” las palabras de la consejera y le pide rectificar. “Creo que debería arrepentirse de las declaraciones que hizo”, en referencia a la advertencia sobre la presión asistencial.También desde los grupos de la oposición al Gobierno en funciones, del PP, el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado que el Gobierno autonómico esté más centrado en “criminalizar” a las personas migrantes que en resolver los problemas estructurales del sistema sanitario. En un mensaje en redes sociales, aseguró que este tipo de planteamientos responden a un “discurso fácil” que, a su juicio, encubre una “pésima gestión”.En Unidas por Extremadura, su líder, Irene de Miguel, acusaba a la consejera de utilizar un discurso “indecente” y “racista”, reprochándole que vincule la regularización con el aumento de las listas de espera en una comunidad que, según denunciaba, ya presenta elevados tiempos de demora sanitaria.García Espada, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que las críticas han sobrepasado los límites de la confrontación política. “Son descalificativos, acusaciones graves, falsas y totalmente inaceptables”, afirmaba, “los extremeños esperan trabajo, gestión y resultados. Ese es mi objetivo diario y ahí debe estar centrado el debate político”, ha incidido.