La Generalitat Valenciana interpondrá un recurso contra el decreto del Gobierno central para la regularización extraordinaria de inmigrantes que se inicia este jueves. Solicitará también la adopción de medidas cautelares ante el temor de que pueda traducirse en un aumento de la demanda que ponga «en jaque» los servicios públicos, al no recibirse más «ayuda» del Estado.

«Es una realidad», ha aseverado este miércoles el presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control en las Cortes Valencianas que ha vuelto a estar marcada por acusaciones cruzadas de corrupción con la izquierda.

El PP y Vox mantienen la misma postura sobre la decisión del Consejo de Ministros, pero el portavoz de esta última formación, José María Llanos, ha pedido a Llorca que desglose por años el gasto en atender a «inmigrantes ilegales» y le ha pedido «ir más allá» de recurrir la medida estatal.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha aseverado que este decreto «va en contra de la mayoría del Congreso de los Diputados y del Senado, de la mayoría de comunidades autónomas y en contra del criterio del Consejo de Estado». Es, a su juicio, «una iniciativa irresponsable» y «por un tema electoral» que «va a poner en riesgo el sistema sanitario y de políticas sociales de la Comunidad Valenciana».

Para Llorca, que el Gobierno pida a las regiones que acojan a más menores migrantes no acompañados sin ofrecerles más recursos económicos o medios para atenderles es «lo más racista» que ha visto en política. El trabajo, ha reiterado, debe hacer en los países de origen. En ese sentido, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «mercadear» con este drama «para buscar acuerdos políticos» en Cataluña y el País Vasco, donde «no llegan».

A finales de marzo, ha indicado, la Comunidad Valenciana acogía a 595 menores no acompañados, por lo que ve «preocupante» que el Gobierno haya planteado -«sin medios, sin dinero, sin infraestructuras» – que «lleguen 1.900», cuando «el sistema valenciano de protección al menor tiene 1.800 plazas para los de aquí y los que llegan». «Hacinar a los migrantes en estos sitios es poner en riesgo la salud de ellos y de todos los valencianos. Sinceramente, es racismo», ha sentenciado.