El Ministerio del Interior ha dado marcha atrás in extremis con la expulsión de Oussama Moumen, un joven marroquí que se encontraba en el CIE de València, a pesar de que los informes sociales del Ayuntamiento de Vinaròs, Cáritas y la Oficina Mentora de la Generalitat probaban su arraigo en el país.

Fuentes de Interior han confirmado a Público que, tras revisar su solicitud por arraigo, Moumen no será expulsado y podrá abandonar el CIE de València.

La notificación de su expulsión se había producido apenas un día después de la aprobación del proceso de regularización, y su vuelo de regreso a su país estaba previsto precisamente para el mismo día en que la norma entraba en vigor y se podían presentar las primeras solicitudes.
Según ha denunciado València Acull en conversación con Público el joven contaba con todos los requisitos para poder acogerse a la regularización, pero la decisión de Interior le privaba de este derecho. “Tiene arraigo probado, vive en España desde 2023, no tiene antecedentes penales y, además, se encuentra en una situación de vulnerabilidad por su irregularidad administrativa”, apuntan.

Los informes sociales respaldan los argumentos de Oussama para suspender su expulsión y también se apoyan en la documentación que el propio joven marroquí había reunido con el objetivo de solicitar su regularización una vez se aprobara la medida. El Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) ha emitido un informe favorable de arraigo en el que destaca “el esfuerzo de integración del solicitante, su buen comportamiento cívico y su responsabilidad social”. Asimismo, el consistorio subraya “la conveniencia de mantener su plan de intervención individualizado a través de los Servicios Sociales, así como su residencia en España”.

Oussama consiguió la semana pasada que se suspendiese temporalmente la primera orden de deportación que le había llegado, tras solicitar el asilo en el CIE de València. Sin embargo, el joven marroquí había recibido de nuevo la notificación de repatriación programada para este jueves. “A estas alturas, lo único que queda es una decisión política que revoque la expulsión, especialmente teniendo en cuenta que ahora dispone de informes y testimonios que acreditan su situación”, habían explicado desde València Acull.

“Nos preocupa, además, que haya muchas más personas en su misma situación: migrantes que cumplen los requisitos para la regularización, pero que pueden quedarse fuera a las puertas. En los últimos días hemos detectado un aumento de redadas, algo que también han denunciado organizaciones como València Acull o SOS Racismo. Da la sensación de que se está acelerando la expulsión de personas que podrían acogerse a este proceso”, ha denunciado la organización.

Más Madrid ha solicitado al Gobierno que garantice el acceso de las personas migrantes internadas en los CIE a los procedimientos de regularización. Desde la formación advierten de que esta situación podría suponer una vulneración de principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia administrativa. Asimismo, subrayan la necesidad de garantizar que el acceso a la regularización no quede limitado por la situación de privación de libertad en la que se encuentran estas personas dentro de los CIE.